La deuda de los estados y del Distrito Federal asciende a 489 mil millones de pesos, monto que respecto de hace una década es 400 por ciento superior. Para acotar el aumento indiscriminado de los compromisos en las entidades, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional de modo que los nuevos créditos deban pasar por la revisión de una comisión bicameral, el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y el voto con la mayoría calificada de los congresos locales.

Según el saldo de las obligaciones financieras de los estados, al tercer trimestre del año pasado, las entidades con mayores deudas son el Distrito Federal –aunque ésta es avalada por la Cámara a propuesta del Ejecutivo federal–, con 60 mil millones; Nuevo León, 58 mil millones; Chihuahua, 41 mil; estado de México, 39 mil, y Coahuila, 35 mil.

Durante la discusión del dictamen respectivo, diputados de todos los grupos parlamentarios cuestionaron la discrecionalidad con la que los gobernadores de los estados comprometen el gasto público y dan en garantía de sus préstamos las participaciones federales.

PRD y PT resaltaron que además de la denominada sub deuda nacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha incrementado el monto de la deuda pública de manera exponencial.

En la tribuna, el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) expresó que también debe ejercerse mayor control de los empréstitos contratados por el Ejecutivo. La deuda, dijo, ha pasado en menos de dos años de 5 billones 890 mil millones a 7 billones 125 mil millones, esto es, 20 por ciento más.

Ricardo Cantú, vicecoordinador del PT, expuso que la deuda pública, que no incluye los pasivos contingentes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ya equivale a 40.8 por ciento del PIB, cuando al inicio del sexenio representaba 36.8. Es decir, en lo que va del sexenio de Peña Nieto los pasivos se incrementaron 505 mil millones en 2013 y 613 mil en 2014, señaló.

Loretta Ortiz Ahlf (Morena) resaltó que la enmienda obliga al pago de los créditos a más tardar tres meses antes de que un gobernador concluya su mandato y que en ese periodo no se pueda adquirir deuda nueva, pero acotó que no se incluyen sanciones cuando los funcionarios eludan ese límite.

PRI, PAN y PRD señalaron asimismo que la reforma no invade la soberanía de los estados, sino introduce un mecanismo adicional de control para evitar el dispendio o el mal uso de los fondos obtenidos mediante créditos, que incluso se han utilizado para gasto corriente.

Por ejemplo, citó Antonio Altamirano, cuando los gobiernos estatales garanticen los préstamos con las aportaciones federales, la fiscalización del gasto quedará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y los funcionarios involucrados quedarán sujetos al régimen de responsabilidades federal.

Además, si los estados solicitan a la Federación el respaldo para una línea de crédito, deberán entregar la información al Congreso y éste quedará facultado para hacer observaciones.