a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó ayer que la cartera vencida de los bancos privados se incrementó en diciembre pasado para totalizar más de 37 mil millones de pesos, cifra 11.3 por ciento superior a la registrada en el mismo mes de 2013 y similar a la que se reportó en julio de 2009. Los créditos vencidos representaron 5.21 por ciento de la cartera de préstamos, un índice de morosidad también preocupante.
Por su parte, el Grupo Financiero Banorte-Ixe informó, también ayer, de un alza en la demanda de créditos a una velocidad muy fuerte
y proyectó para este año un crecimiento entre 10 y 15 por ciento en tales préstamos.
Cruzados, ambos datos pueden configurar un panorama preocupante. El incremento de las solicitudes de crédito no necesariamente indica que se haya elevado la capacidad crediticia de los usuarios; puede ser síntoma, más bien, de una necesidad creciente de segmentos de la ciudadanía –particularmente la clase media– de recurrir a dinero prestado, no para adquirir vivienda ni iniciar nuevos negocios, sino para sufragar sus gastos habituales. De confirmarse esta posibilidad, el país podría acercarse a un círculo vicioso de endeudamiento, como el que detonó la quiebra de los bancos privados en la década antepasada y que fue alimentado por la voracidad, la irresponsabilidad y las irregularidades de quienes eran, en ese entonces, propietarios de las instituciones de crédito.
Otro dato inquietante es el desplome en los índices de confianza empresarial (Ice) de los sectores manufacturero, de la construcción y del comercio. Tales indicadores, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), descendieron medio punto en las empresas manufactureras y 1.3 unidades en las comerciales con respecto a los niveles que tenían en enero de 2014.
En términos generales, los empresarios de esos sectores observan con acentuado pesimismo las perspectivas económicas del país y la posibilidad de incrementar sus inversiones. Ello significa que la merma del dinamismo económico que representará el recorte de presupuestos por parte del gobierno federal no necesariamente se verá compensada por un aumento en las inversiones privadas.
Si a lo anterior se agrega la brusca disminución de recursos fiscales por la caída de los precios internacionales del petróleo y por los efectos de la reforma energética, los efectos negativos de la devaluación del peso frente al dólar, los elevadísimos niveles de endeudamiento alcanzados en el curso de la presente administración y el incierto y volátil panorama internacional, resulta claro que la economía del país se encuentra en uno de sus momentos más peligrosos al menos desde 2008.
El equipo económico gubernamental debe cambiar de rumbo. Es meridianamente clara la necesidad de reactivar el mercado interno y fortalecer la economía social y popular, así como la pertinencia de reducir en forma significativa los costos de operación de la administración pública sin tocar la inversión pública ni los programas sociales.
Cabe esperar que los encargados de formular la política económica del país sean capaces de percibir correctamente los focos rojos mencionados y de actuar en consecuencia.
