Autoridades federales y estatales rescataron a 129 mexicanos (la mayoría mujeres) víctimas de trata (explotación sexual y laboral) en una maquiladora de ropa ubicada en Zapopan, Jalisco, propiedad de coreanos. Entre las víctimas hay seis menores de edad.

Los afectados aseguran recibir con frecuencia golpes e insultos, con más rudeza hacia los jóvenes, a fin de obtener de ellos mayor productividad.

Según los testimonios recogidos por instancias de Jalisco y federales, se deben investigar varios embarazos interrumpidos, así como lesiones graves presuntamente a causa de ataques sexuales.

Las condiciones de los trabajadores en la fábrica Yes International eran de esclavitud y violencia, tanto en condiciones laborales extremas –y, por tanto, ilegales– como en agresiones físicas.

El titular de la unidad de delegaciones federales del trabajo, Víctor Manuel Torres, enumeró las violaciones en esta materia con base en las cuales fueron declaradas 120 medidas de aplicación inmediata, además de la restricción al acceso laboral de la planta.

Describió la fragilidad y explotación del trabajo: sin contrato, seguridad social o prestaciones; jornadas extenuantes para los jóvenes de entre 16 y 17 años de edad, y lapso de 15 minutos para la comida.

Además, condiciones insalubres e inseguras en toda la fábrica.

El operativo se realizó con base en una denuncia anónima recibida en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los coreanos no acreditaron al momento de los hechos su estancia legal en el país: cuatro de ellos, identificados por los trabajadores como los presuntos dueños o encargados de la empresa, se encuentran en calidad de presentados ante la fiscalía estatal de justicia. Son acusados de delitos como maltrato infantil y otros contra la integridad sexual.

La plantilla laboral estaba integrada por 121 mujeres y ocho hombres, quienes percibían menos del salario mínimo (unos 400 pesos a la semana), con horarios extenuantes y apenas 15 minutos para comer.

Las personas que laboraban en Yes Internacional aseguraron haber sido víctimas de abusos físicos y sexuales, amenazas y daños sicológicos.

El gobierno de la República refrenda su determinación de aplicar la ley y sancionar todo acto ilícito y reitera su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, dijo el comisionado del INM, Ardelio Vargas, al dar a conocer la información ante los medios de comunicación.