n el nuevo sainete de quienes dicen saber gobernar es necesario que precisen dos cosas: a) el abierto conflicto de intereses de Virgilio Andrade a la hora de hacer la chamba encargada por su patrón, es decir, averiguar la existencia o no de conflictos de intereses en el asunto de las casas (blanca, Malinalco, Ixtapan de la Sal y las que se acumulen), y b) si legalmente existe o no la Secretaría de la Función Pública, de la que el susodicho supuestamente es flamante titular gracias a la decisión de uno de los personajes que debe investigar, el inquilino de Los Pinos, quien al instalarse en la residencia oficial por decreto desapareció esa dependencia pública.

Lo primero no parece tan complicado, pues el conflicto de intereses del tal Virgilio es más que ostentoso, porque se trata de investigar a su amigo y jefe inmediato, Luis Videgaray, y al presunto jefe de ambos, Enrique Peña Nieto, a quien le debe la chamba, aunque no se puede meter en el asunto de la esposa de Peña Nieto, por tratarse de un particular, ergo, los exonero a todos y labor cumplida. Ello, independientemente de que la Secretaría de la Función Pública no es competente para investigar la compraventa de las casas, según pertinente aclaración del flamante funcionario.

Lo segundo se complica un poco, toda vez que desde el 26 de diciembre de 2012, y por decisión del inquilino de Los Pinos (decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), la Secretaría de la Función Pública desapareció del organigrama del gobierno federal (aunque en los hechos desde su creación, en 1982, no sirvió para mayor cosa).

Así, en este monumental galimatías, esa dependencia oficialmente es cadáver desde hace dos años y pico, aunque para firmar su acta de defunción el inquilino de Los Pinos esperaría la aprobación y entrada en funciones de una instancia sustituta, es decir, el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción (como establece el citado decreto), el cual se mantiene en la congeladora del Legislativo gracias a la bancada peñanietista en San Lázaro.

En entrevista con La Jornada (Alonso Urrutia), la ex presidenta del Ifai, María Marván Laborde, detalló que “la decisión presidencial de encomendar al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública la investigación sobre el posible conflicto de intereses en la adquisición de casas –de Enrique Peña Nieto, su esposa y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray– enfrenta de entrada un problema legal: en la Ley de Administración Pública Federal esa secretaría ya no existe como parte del Ejecutivo federal. Supongo (que la medida anunciada el pasado martes en Los Pinos) se ampara en un transitorio que nunca terminó de transitar en la reforma”.

En efecto, el segundo transitorio del citado decreto señala que “las modificaciones previstas (…) exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica. (…) Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este decreto”.

Sin embargo, el quinto transitorio de ese mismo decreto (por medio del cual también se borró del mapa a la Secretaría de Seguridad Pública Federal) establece que respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva. Entonces, existe pero no existe, sí pero no, y será la SHCP (cuyo titular es uno de los que el tal Virgilio investigará) la que decida si a la SFP le toca o no actuar.

Marván Laborde dijo a La Jornada que es necesario regularizar la existencia de la SFP para conferirle plena validez legal, pues sería lamentable que no pudiera actuar. Sin embargo, la importancia de revivir esa dependencia, si bien será necesario, como proponen algunos especialistas, acompañarla con el fortalecimiento de sus facultades, dotar de autonomía operativa a la ampliación del papel de la Auditoría Superior de la Federación, crear la fiscalía y el sistema nacional anticorrupción. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente ya no considera a la Secretaría de la Función Pública como parte de las dependencias del Ejecutivo federal, producto de la reforma de Peña Nieto en los albores del gobierno para crear la instancia anticorrupción, la cual se mantiene en el éter por decisión del partido al que pertenece el primer priísta de la nación.

A lo largo de su existencia (33 años), la original Secretaría de la Contraloría General de la Federación (creada por Miguel de la Madrid; cambió a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo con Ernesto Zedillo, y a Secretaría de la Función Pública con Vicente Fox) ha tenido 11 titulares (incluido Virgilio Andrade) y un encargado del despacho (Julián Olivas Ugalde, en la etapa cadavérica), todos ellos amigos y servidores de quienes supuestamente estaban obligados por ley a vigilar y controlar en el ejercicio del gasto y los contratos públicos. Once más uno, y las fortunas de los políticos han crecido como la espuma.

El objetivo oficial de esa dependencia pública fue renovar moralmente a la sociedad (De la Madrid dixit) y combatir la corrupción en el ámbito gubernamental. Y, en efecto, desde entonces, México destaca en el plano internacional por su decidido y constante avance como uno de los países más corruptos del planeta, con gobiernos cleptócratas sobresalientes por su falta de ética y voracidad, sin olvidar a las cúpulas empresariales partícipes en el festín.

Las rebanadas del pastel

Entonces, lo único cierto y contundente en este desbarajuste es que Virgilio Andrade agarró hueso y que a partir del pasado martes cobra como titular de una dependencia del Ejecutivo a la que dos años atrás el propio inquilino de Los Pinos declaró cadáver. Una proeza digna del doctor Frankenstein. Eso sí, el inquilino de Los Pinos asegura que no inventamos ni improvisamos.

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