Prevé el gobierno estatal ahorrar al menos $2 mil millones
Viernes 6 de febrero de 2015, p. 29
Toluca, Méx.
El gobierno del estado de México puso en marcha un plan de ajuste al gasto público con el que pretende ahorrar al menos 2 mil 300 millones de pesos para hacer frente a las condiciones económicas en el país, derivadas de la reducción de ingresos por la baja de los precios del petróleo.
El secretario de Finanzas, Erasto Martínez, informó que entre las medidas que se adoptaron este jueves está la reducción de 10 por ciento del salario del gobernador Eruviel Ávila Villegas y a los miembros de su gabinete. El mismo porcentaje de ajuste se aplicará en el gasto de comunicación social.
Las medidas no incluyen recorte de personal ni del presupuesto para programas sociales, educación, salud y seguridad pública.
El plan contempla la cancelación, desde ayer, de la asignación de combustible para las dependencias, lo mismo que gastos en telefonía móvil y radiocomunicación, excepto en las áreas de seguridad pública, procuración de justicia y protección civil. También se cancelan gastos de representación, realización de congresos, viáticos y viajes.
El gobierno mexiquense revisará los contratos de arrendamiento con particulares para instalaciones de oficinas, y desde este mes suspende la remodelación de oficinas y el mantenimiento de inmuebles, salvo aquellos que, por órdenes de Protección Civil, deban ser reparados para no poner en riesgo a quienes ahí laboran.
La Secretaría de Finanzas solicitó a todas las dependencias presentar un plan para lograr un ahorro de 20 por ciento en el consumo de energía. De los 2 mil 320 millones que se recortarán al presupuesto, mil 555 corresponden al sector central del gobierno del estado y 775 a las entidades públicas.
Al sector central se recortarán mil 350 millones en gasto corriente y 204 millones en gasto de inversión, mientras que a las entidades públicas se reducirá 648 millones en gasto corriente y 116 millones en inversión.
Martínez explicó que estos ajustes no implican la cancelación de proyectos de infraestructura, reducciones a programas sociales o mermas que pongan en riesgo servicios en salud, educación, seguridad y procuración de justicia.
