Casi tres meses después del primero de los tres escándalos vinculados a la compra de sendas residencias por parte de él, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a compañías contratistas del gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto designó secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade Martínez y le instruyó investigar si en la adquisición de tales residencias ‘‘hubo o no conflicto de intereses’’.

A partir de reconocer ‘‘diversos señalamientos’’ sobre ‘‘posibles conflictos de interés en mi gobierno’’, el mandatario se acogió de nuevo al argumento esgrimido cuando se ventiló públicamente la adquisición de su residencia en Ixtapan de la Sal al empresario Roberto San Román, al asegurar que en su condición de Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Pero a pesar de tales aclaraciones, dijo, se asumió consciente de que tales señalamientos ‘‘generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió’’.

Ocho acciones

En un mensaje a medios en Los Pinos, iniciado 45 minutos después de la hora anunciada, el jefe del Ejecutivo presentó además ocho acciones ejecutivas ‘‘para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés’’.

Éstas consisten, básicamente, en hacer obligatorio para los funcionarios incluir en su declaración patrimonial, a partir de este año, cualquier indicio de posible conflicto de intereses; creación de una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de intereses, dentro de la Secretaría de la Función Pública; emisión de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, y protocolos de contacto entre particulares y funcionarios de decidir contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.

También, realizar un registro y certificar a los funcionarios encargados de los procedimientos de contratación; acelerar la ventanilla única nacional para los trámites y servicios del gobierno; hacer más completa y detallada la lista de proveedores sancionados por el gobierno, y ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

A continuación, el texto íntegro del mensaje presidencial:

Señoras y señores:

La corrupción en México es, como lo he señalado ya de manera reiterada en distintos espacios, un problema estructural que entre todos debemos enfrentar.

Y a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción sobre este problema no ha mejorado en nuestro país.

De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que publicó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas.

Y si bien he sostenido que la corrupción es un problema para todos los países y en muchas ocasiones un tema de carácter cultural, no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas.

Como Presidente de la República tengo la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción.

Siempre he estado comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas: desde el primer compromiso que firmé como candidato a la Presidencia, en la primera propuesta legislativa que impulsé como presidente electo y en las reformas transformadoras que he promovido como titular del Ejecutivo.

No obstante de que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno.

Es importante precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala, a la letra, lo siguiente, y cito textualmente:

‘‘Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.’’

Esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como Presidente de la República, y tampoco en mis cargos públicos anteriores.

Las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley, y en ninguno de ellos participa el Presidente de la República.

En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho.

Y aquí quiero ser enfático: el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió.

Esta percepción se explica, en gran medida, porque en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés.

La doctrina, permítanme hacer esta referencia, habla de tres tipos de conflictos de interés: los reales, en los que el funcionario público actúa de forma indebida y viola el marco legal, al tomar decisiones a partir de intereses personales, familiares o de negocios.

Otros son los conflictos de interés potenciales o posibles, en donde aún no existe el conflicto, pero en un futuro es probable que pueda generarse y, por tanto, preventivamente debe declararse.

Y otros son los aparentes, en donde existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna.

Esto es lo que dice la doctrina con respecto al conflicto de interés.

Ante ello, México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice con políticas públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados.

Por estas razones, este día presento a los mexicanos un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés.

El responsable de llevarlas a cabo será el maestro Virgilio Andrade Martínez, a quien he nombrado secretario de la Función Pública. Le he dado indicaciones de reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética.

El secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en el servicio público para cumplir la elevada responsabilidad de su encargo y aplicar las acciones ejecutivas que hoy quiero compartirles.

Primera acción. A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será en consecuencia obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés.

Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad.

Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos, que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.

La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios, de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo.

Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.

Segunda acción. Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. La unidad también deberá articular las actividades de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés de cada dependencia o sector de la Administración Pública Federal.

Tercera acción. Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública Federal que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas.

Cuarta acción. Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La Secretaría de la Función Pública definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados.

Quinta acción. En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.

La Secretaría de la Función Pública deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño.

Sexta acción ejecutiva. Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del gobierno.

El día de hoy se publicará el decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de Internet.

La Ventanilla Única Digital deberá incluir gradualmente los trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la naturaleza del mismo lo permita. Esto reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares.

Séptima acción. La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción.

Octava acción. Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción.

Trabajaremos con cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley.

Finalmente, reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor.

Adicionalmente, y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos, con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo.

Señoras y señores:

El gobierno que presido está decidido a realizar una gestión pública abierta y cercana a la gente; está comprometido a ser un gobierno más moderno, eficaz y, sobre todo, transparente.

Por ello, para la adecuada instrumentación de estas acciones ejecutivas, el Gobierno de la República ha solicitado también la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que en consecuencia está a la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza.

En breve, las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública suscribirán un Acuerdo de Cooperación Técnica con este organismo internacional. Desde ahora reconozco a la OCDE por su invaluable apoyo para consolidar la arquitectura institucional que hoy estamos construyendo en favor de la integridad en el servicio público y el combate a la corrupción.

Las acciones ejecutivas que he anunciado se suman a lo que hemos venido promoviendo desde el inicio de este gobierno.

Y déjenme, de manera enunciativa, sólo hacer referencia a varias de las acciones, ya que precisamente están orientadas a fortalecer la transparencia.

La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia; la participación de México en la Alianza para el Gobierno Abierto para promover la rendición de cuentas y abrir mayores espacios de participación a la ciudadanía.

Así como la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, que fortalece los mecanismos legales para que los recursos se administren con mayor eficiencia y honradez.

Además, hago votos, como ya lo he dicho anteriormente, porque en este segundo periodo de sesiones ordinarias que acaba de iniciar, las y los legisladores federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción.

Construir el país que queremos exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia.

Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México.

Muchas gracias.