nclado de por sí al rezago ancestral en las distintas áreas de desarrollo, el estado de Guerrero no deja de estar inmerso en la convulsión derivada de problemas lacerantes como la inseguridad, la injusticia y la inconformidad social. En este contexto, no sale de un conflicto cuando ya ha entrado en otro.

A la ausencia de turismo, que a partir de la década de 1980 optó por alejarse de Guerrero –sobre todo de Acapulco– por la falta de atractivos, vino la violencia provocada por el crimen organizado.

De las balaceras entre bandos que se disputaban el territorio se pasó a los secuestros, la extorsión y el cobro por derecho de piso.

Este mismo problema derivó en el surgimiento de autodefensas debido a la incapacidad gubernamental de frenar la inseguridad, para pasar a conflictos como el asesinato de tres estudiantes normalistas y la desaparición de 43, que han puesto de cabeza, si no al gobierno, sí a la entidad a raíz de las movilizaciones que han conllevado a la destrucción de edificios públicos y el bloqueo de vías de comunicación.

La cadena de males no tiene fin: hoy en día, aunado a lo anterior, miles de trabajadores docentes y administrativos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se han encargado de trastornar la vida cotidiana con manifestaciones de protesta e intentos fallidos de bloqueos, en reclamo del pago de la segunda quincena de enero y de una parte del aguinaldo pendiente.

La omisión de los pagos está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, que ha concentrado la nómina a partir de enero de este año, provocando inconformidad y desorden.

Ayer, cientos de docentes de escuelas de la periferia de Acapulco, que después de dos meses de suspensión de clases las habían reanudado la semana pasada, volvieron a parar demandando sus pagos.

Es así como cientos y cientos de militares y policías federales están dedicados a la tarea de frenar la actividad de las policías comunitarias y los bloqueos a las vías de la comunicación, desatendiendo las operaciones del crimen, ante un gobierno que no sabe ya qué hacer y una sociedad harta de violencia, inseguridad y caos, que no tienen para cuando parar.

En estos tiempos la preocupación extiende de manera particular sus tentáculos hacia el sector político, al acercarse el periodo de las campañas. Partidos y aspirantes viven en zozobra al no saber si el Movimiento Ayotzinapa les permitirá hacer proselitismo.