La comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la línea 12 del Metro, encabezada por el PRI, concluyó que del análisis del proceso de construcción se descubrieron elementos suficientes para presumir dolo de las autoridades encabezadas por el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon.

El presidente de ese grupo de trabajo, Marco Antonio Calzada (legislador del PRI por el estado de México), sostuvo en tribuna que es inconcebible se dejaran pasar irregularidades sin el conocimiento de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de Enrique Horcasitas.

Tanto PT como Movimiento Ciudadano, Morena y PRD defendieron al ex jefe de Gobierno, al indicar que dichos señalamientos forman parte “de una venganza urdida en Los Pinos, porque se le acusa de filtrar el tema de la llamada Casa Blanca” de Las Lomas. En respuesta, priístas y legisladores del Partido Verde Ecologista consideraron los señalamientos de los cuatro partidos de izquierda como una nueva teoría del complot.

Para el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el informe aprobado en la comisión especial y presentado ayer ante el pleno resume el daño a la población: están afectados 500 mil habitantes del Distrito Federal. Indicó que el texto se elaboró sustantivamente “con la información que nos dieron los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal; el objetivo es descubrir quién miente sobre su versión de por qué no funciona la línea 12… el gobierno federal no ha dictado línea del informe que se hizo en la Cámara de Diputados con la información de los funcionarios y empresarios que estuvieron presentes en las comparecencias”.

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, señaló que dicho documento –cuya autoría es de Marco Antonio Calzada– atropelló el procedimiento y la normativa del proceso legislativo, y exigió otorgar el derecho de audiencia a Ebrard.

Al concluir la ronda de posicionamientos, el propio diputado Calzada solicitó la palabra al presidente de la mesa directiva para informar que citará a reunión el viernes próximo al ex jefe de Gobierno para que exprese lo que a su interés convenga. Ese encuentro se contempla a las 17 horas de pasado mañana.

Ante tribuna, el priísta Marco Antonio Calzada, afirmó que la información sobre las irregularidades se cruzó con diversas autoridades, y aseguró que las recomendaciones se sustentan en documentos y testimonios. Hubo un desastre financiero en la línea 12, pues se otorgaron ventajas al consorcio constructor, lo que incrementó el costo al entregarse anticipos, argumentó.

Para Alberto Benavides, legislador del PT, con el informe persiste una clara intención de daño político. No pretendemos encubrir a nada ni a nadie, pero la comisión se extralimita en su objetivo. Sus conclusiones son superficiales y no ha citado a todos los actores involucrados. Queremos que investigue con seriedad.

Con una postura aún más crítica Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que a la investigación de la Cámara se le dio un trato partidista, y acusó que el informe fue redactado por “Aurelio Nuño desde Los Pinos. Todo lo que ha hecho la comisión especial es por consigna política. Es una venganza urdida en Los Pinos porque se le acusa a Ebrard de filtrar el tema de la Casa Blanca. Lo acusan de haber difundido la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Para el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, la Cámara de Diputados ha emprendido un linchamiento político en contra de Ebrard Casaubon.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los integrantes de su bancada, señaló que la fracción del PRI en San Lázaro pasó por encima del derecho de audiencia de Ebrard Casaubon. Es una embestida, insistió, con tintes electorales, ya que la celeridad con la que ha actuado la comisión especial del caso en la Cámara de Diputados sólo se explica con que hay una instrucción desde Los Pinos.

Por separado, la senadora panista Mariana Gómez del Campo comentó que la forma en que actuó el diputado del PRI que preside esa comisión legislativa –Marco Antonio Calzada– parece una revancha político-electoral.

En tanto, el senador Mario Delgado adelantó que no se escudará en el fuero constitucional y va a dar la cara en torno al caso de la línea 12, ya que no cometió ninguna irregularidad, pues su responsabilidad como secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal fue conseguir el financiamiento, los 2 millones de dólares que costó esa obra, y no se encargó de la compra de trenes ni de ningún aspecto técnico.

(Con información de Andrea Becerril y Víctor Ballinas)