El gobierno mexicano no puede dar por muertos a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pues, según los estándares internacionales contenidos en las convenciones sobre desaparición forzada, éste es un crimen de carácter continuo.

Lo anterior significa que se comienza con el acto de detención y se culmina con el esclarecimiento de la suerte o el paradero de la víctima, dijo Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ante el cual los padres de los normalistas expondrán el caso la próxima semana.

El también académico de la Universidad Iberoamericana explicó que ante la eventualidad de que las autoridades federales decidan cerrar las investigaciones, los familiares podrían acudir al amparo con el argumento de violación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Dicho instrumento internacional forma parte del bloque de constitucionalidad mexicano, de acuerdo con la resolución 293 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corcuera precisó que se entiende por esclarecimiento de la suerte o del paradero de la víctima, ‘‘la determinación, más allá de toda duda, de la localización de la persona, si es que está viva, y la comprobación de que está viva, corroborada por los familiares’’.

Cabe recordar que sólo los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre –Alexander Mora Venancio– han sido identificados mediante pruebas de ADN.

Al respecto, Corcuera consideró que “mientras no exista la certeza (de la muerte de los estudiantes) no se pueden declarar fallecidas a las víctimas, y se entiende que la desaparición forzada se sigue cometiendo en este caso’’.