arece que el gobierno mexicano está empeñado en obtener el mayor número de medallas negras en materia social. Entre las más recientes, que no las únicas, destacan las obtenidas por ocupar el último lugar latinoamericano en lo que a salario mínimo se refiere, por registrar un mini ingreso inferior a la línea de pobreza, por contar con el mayor número de ninis y por ser el único país de la región donde no se abatieron los indicadores de pobreza.

Pues bien, ahora la Cepal le otorga una más por ser el único país latinoamericano, de la mano de Venezuela, en el que se redujo en términos absolutos el gasto público social (2012-2013). Aun así, en la nación sudamericana ese tipo de erogación duplica la registrada en la nuestra. De hecho, con todo y bloqueo, Cuba es la que registra el mayor gasto social en América Latina, el cual resulta cuatro tantos superior al mexicano.

El organismo especializado de la ONU señala que en Latinoamérica existen notorias diferencias entre las naciones que la integran, no sólo en cuanto a la cantidad de recursos que efectivamente pueden movilizar hacia los sectores sociales, sino también respecto del esfuerzo macroeconómico que representa el presupuesto público social. Naturalmente, la capacidad de dar mayor prioridad macroeconómica al gasto social depende de un sin número de variables económicas, políticas y sociales. Una de las variables determinantes son los ingresos fiscales, que imponen un cierto límite al presupuesto total.

En este sentido, en el incremento regional del gasto como porcentaje del producto interno bruto (de 13.8 por ciento en 1990-1991 a 19.1 en 2012-2013) se registra una gran heterogeneidad, tanto de los niveles iniciales de gasto social en porcentajes del PIB como de los niveles actuales. En 1990-1991, países como Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago destinaron menos de 7 por ciento del producto a los sectores sociales; por el contrario, Argentina, Brasil, Costa Rica,Cuba, Uruguay y Venezuela destinaron a esos sectores 15 por ciento o más.

Salvo en periodos específicos, anota la Cepal, todos los países han hecho esfuerzos tanto por aumentar la proporción del gasto público social dentro del gasto total como su prioridad macroeconómica, impulsando en muchos casos el aumento de la participación del gasto social en el PIB. Al final del periodo analizado, la prioridad macroeconómica del gasto social había registrado aumentos significativos en casi todos los países. En 2012-2013 ya no había ningún país en la región que destinara menos de 7 por ciento del PIB a los sectores sociales. Sólo Ecuador, Guatemala, Jamaica y Perú registraban gastos sociales con valores inferiores a 10 por ciento de sus respectivos PIB. Además de los países cuyo gasto social ya superaba el 15 por ciento del PIB a inicios de la década de 1990, se han sumado a ese grupo el Paraguay y República Dominicana.

La Cepal señala que pese a que persisten diferencias en cuanto a la prioridad macroeconómica del gasto social, destacan los países que hicieron esfuerzos proporcionalmente mayores para aumentar estos gastos. En términos del producto interno bruto, en Argentina la prioridad macroeconómica del gasto público social se incrementó 9.2 por ciento del PIB entre 1990 y 2009; en Cuba aumentó 10 entre 1990 y 2011; en Panamá 10.4 hasta 2012; en Paraguay 8.9 entre 2003 y 2012, y en Venezuela 8.7 por ciento entre 1997 y 2012.

En contraste, el incremento del esfuerzo macroeconómico del gasto en Chile, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Perú fue poco significativo si se comparan los datos más recientes disponibles (usualmente del bienio 2012-2013) con los iniciales de la serie (1990-1991 o el periodo más cercano con datos disponibles). Sin embargo, el gasto social expresado en porcentajes del PIB esconde una heterogeneidad aún mayor en cuanto a la cantidad de recursos que realmente se destinan a los sectores sociales, dependiente en buena parte del nivel de desarrollo económico de cada país. En 1990-1991 el gasto social per cápita de la región era de 565 dólares a precios de 2005 y después de 22 años se duplicó hasta llegar a mil 155 dólares en 2012-2013.

Sin embargo, en países como Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el gasto per cápita aún no supera los 200 dólares, mientras en Argentina, Cuba, Trinidad y Tobago y Uruguay supera los mil 600 dólares, el doble que en México. Sobre el particular, el organismo especializado de la ONU subraya que entre los países cuyos datos para 2012 o 2013 están disponibles, las reducciones absolutas del gasto público social habrían ocurrido sólo en México y Venezuela, que registraron caídas absolutas en la cuantía de sus gastos públicos sociales en 2012.

La Cepal documenta que existen países que en el contexto regional movilizan recursos haciendo un esfuerzo superior al promedio y a lo esperable según su nivel de desarrollo económico (Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela). Esto no significa que movilicen demasiados recursos, ya que el análisis se restringe a la región, caracterizada en las últimas décadas por bajos niveles de recaudación y de inversión social asociados a la instalación de modelos económicos de tendencia más liberal. Por otra parte, también se puede observar un conjunto de países que, en ese mismo contexto, movilizan menos recursos de lo esperado según el PIB per cápita que registran. En ellos sería deseable construir nuevos pactos sociales y fiscales que permitiesen elevar de forma responsable tanto los niveles de recaudación fiscal como los niveles de gasto para destinar a funciones económicas y sociales.

Las rebanadas del pastel

En tragedias como la de ayer (evitables si se respetaran las normas de mantenimiento de las unidades que transportan gas) suelen proporcionarse detalles del siniestro y sus causas, pero ni de lejos el nombre del dueño de la empresa responsable. Pues bien, en el caso concreto del hospital colapsado en Cuajimalpa, el propietario de Gas Express Nieto es Sergio Nieto del Río, cabeza de uno de los mayores grupos gaseros del país, actividad concentrada en seis o siete corporativos. El conductor de la pipa y sus dos chalanes ya está en chirona, pero el citado empresario goza de cabal libertad y de un ejército de abogados, amén de usufructuar más de 211 permisos otorgados por la Dirección General de Gas LP de la Secretaría de Energía, con una vigencia de 30 años cada uno. Y no es la primera vez que su empresa causa daños como el de ayer. Parece que se les olvidó San Juanico, porque sin más otorgan permiso tras permiso.

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