i México no es un Estado fallido
(La Jornada, 16/01/15), entonces: ¿qué tipo de Estado es? Si tomamos como muestras de análisis los más recientes casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que tuvieron lugar en 2014 en Tlatlaya, estado de México, e Iguala, Guerrero, caracterizados ambos por configurar crímenes de Estado y lesa humanidad, en los que los tres poderes de la Unión y las autoridades de los tres niveles de gobierno, fuerzas armadas y cuerpos policiales están involucrados con diversos grados de responsabilidad y complicidad, por omisión o comisión, tanto en la ejecución de estos delitos como en su encubrimiento, podemos afirmar que en México no existe un estado de derecho. Impera lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina criminalidad del poder.
Si consideramos, asimismo, las consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan) y la Iniciativa Mérida, que han traído consigo: a) la debacle del desarrollo económico nacional, su desindustrialización, la destrucción de la economía campesina, la miseria generalizada y creciente de millones de mexicanos; b) el sometimiento de nuestro país a las estrategias de dominación de Estados Unidos; c) la entrega de sus territorios y de recursos naturales, estratégicos, culturales y biodiversidad a corporaciones trasnacionales, a partir de reformas a la Constitución que no han sido consultadas a la ciudadanía y que van igualmente en detrimento del interés nacional, y, en consecuencia: d) la vulneración de la soberanía económica, política, militar y en materia de seguridad de la nación, podemos concluir que México es un Estado trasnacionalizado, recolonizado y sus gobiernos incurren en diversos delitos, entre ellos el de traición a la patria, como lo hemos venido denunciando en estas páginas ( La Jornada, 27/09/13).
Pero más grave aún es que la violación del estado de derecho, de la soberanía nacional y el orden constitucional proviene fundamentalmente de quienes juramentaron cumplir y hacer cumplir esa Constitución y las leyes que de ella emanen; de quienes tienen el control del aparato judicial para que prevalezca la impunidad de la corrupción generalizada, el enriquecimiento inexplicable y los reiterados crímenes de Estado; de quienes orientan al llamado constituyente permanente
para reformar la Carta Magna en sus núcleos medulares en beneficio del interés privado y corporativo, y, en consecuencia, la han transgredido y violentado a tal grado que, de hecho, han quedado al margen de la misma; de quienes dentro del poder público se asocian con el crimen organizado y utilizan su aparato armado con fines represivos, al mismo tiempo que hacen uso sistemático de la violencia considerada legal contra el pueblo, sujeto esencial y originario de la soberanía nacional, acorde con el artículo 39 de esa Constitución. En suma, observamos que se impone, cada vez con mayor rigor, un estado de excepción e inconstitucionalidad que articula poderes fácticos delictivos con capacidad de decisión en la esfera pública, a una red represiva legal e ilegal, que van conformando los mecanismos de un Estado criminal.
El abogado Porfirio Martínez González, en su libro ¿Y de quién es México?, sostiene y demuestra que son el titular del Poder Ejecutivo federal y sus funcionarios quienes incumplen o violan la Constitución, que los diputados y senadores la reforman en contra del espíritu y la letra del texto original, esto es, que han sido los presidentes en turno y los legisladores del Congreso de la Unión quienes han alterado y modificado su sentido ontológico
, mientras los magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación avalan estos actos. A partir de las tesis de que México es de todos los mexicanos y no de unos cuantos privilegiados, y de que si el gobierno no beneficia ni está al servicio del pueblo, éste tiene el inseparable derecho de alterarlo o modificarlo, esto es, cambiarlo por uno que sí cumpla con el mandato constitucional, por uno que sí actúe para que el pueblo mejore constantemente su calidad de vida en lo económico, lo social y lo cultural, Martínez González sienta las bases de su estudio constitucional para fundamentar su diagnóstico sobre la acuciante realidad nacional, del cual se infiere que el actual Estado está fuera de la Constitución, ya que los gobernantes incumplen y contravienen los principios de ésta, traicionando los derechos e intereses del pueblo mexicano cuando abdican de sus facultades y atribuciones, y se someten a los intereses de las potencias extranjeras.
La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos –Capítulo México– es muy clara a este respecto: “Del conjunto de información recibida a los largo de los años de talleres, foros, preaudiencias y audiencias…, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital trasnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por la fiscalía de esta causa como un proceso de desvío de poder.
Se ha caracterizado este desvío de poder
como una trasformación del aparato estatal que, a la vez que refuerza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando el poder público para la consecución de intereses particulares, violando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos en su larga lucha”.
El camino para remontar esta emergencia nacional es el restablecimiento de la República (cosa-pública), la Constitución y la legalidad, en ejercicio pleno del artículo 39 de la Carta Magna.
