Cancún, QR.

El director del proyecto Dragon Mart Cancún, Juan Carlos López Rodríguez, informó ayer que analizan el alcance jurídico de la resolución emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque a mi entender la clausura es alusiva a las sanciones de 2014 y no definitiva, de todo el proyecto.

En entrevista, indicó que al parecer lo que hizo el personal de la Profepa fue una ampliación de la sanción impuesta a finales del año pasado, cuando fijó una multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890 pesos, al tiempo que ordenó de manera adicional la aplicación de medidas de remediación y restauración por 11 millones 888 mil 951 pesos.

No se trata de aceptar o no la sanción aplicada, sino de revisar los alcances jurídicos. López Rodríguez recordó que las autoridades ambientales todavía tienen que resolver dos recursos interpuestos, mismos que podrían tardar unos 10 meses.

La Profepa impuso sanciones administrativas, multas y todo eso; sin embargo, nunca previó la clausura. En un amparo, que ya había sido sobreseído en junio, la semana pasada se resolvió en el colegiado que se confirmaba el sobreseimiento, toda vez que, para bien o para mal, habían ordenado inspeccionar en forma a la Profepa, expuso.

El pasado 8 de enero un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa, y el 21 del mismo mes el juzgado de distrito emitió el acuerdo para dar por concluido el juicio de amparo de Dragon Mart.

López Rodríguez explicó que tras las sanciones por 21.8 millones de pesos por cambio de uso de suelo forestal y la falta de estudios de impacto ambiental, la empresa presentó las demandas de nulidad y las contestaciones en los juicios de lesividad.

“Éstos todavía se llevarán alrededor de 10 meses en primera y segunda instancias. Los asuntos de fondo, esto es, si era un terreno que requería permiso federal o no, están todavía sub judice”, puntualizó. Eso quiere decir, en derecho, que el caso está pendiente de resolución, agregó.

Hasta que no se resuelva en la instancia legal, el proyecto sigue igual: suspendido. De hecho, no ha habido trabajos desde mayo. Estamos en espera de los asuntos legales. Creemos que todavía se van a tardar por lo menos otros 10 meses. El asunto todavía no se ha resuelto, enfatizó López Rodríguez.

En tanto, Alejandra Serrano, presidenta de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, afirmó que la actuación de la Profepa sienta buen precedente, pero todavía no pueden cantar victoria, pues hay que ver cómo se desarrolla la denuncia penal que la dependencia federal interpuso contra los desarrolladores por cambiar el uso de suelo forestal en selva mediana.

Afortunadamente, subrayó, los daños provocados son reversibles aplicando técnicas específicas. Confió en que la opinión de los desarrolladores no prospere, de que sólo se trate de una clausura derivada de la sanción interpuesta en 2014.

Serrano dijo que la clausura es total, pero no definitiva. Pidió que la actuación de la Profepa sea similar no sólo en el caso de Cancún, sino en todos los proyectos que a escala nacional no cumplan con las leyes ambientales.

Por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe, Rafael Lang Uriarte, calificó la sanción de muestra de que se está avanzando en el cumplimiento de las leyes. Asimismo, organizaciones civiles y empresariales locales aplaudieron la clausura.