La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró ayer las obras del proyecto Dragon Mart, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que la empresa incumplió con el pago de una multa por más de 22 millones de pesos, no presentó el estudio de impacto ambiental ni el cambio de uso de suelo –que obliga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el caso de predios forestales–, y devastó 200 hectáreas, entre ellas 149 de manglar protegidas, y destruyó humedales.

Los empresarios chinos –participantes en la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún– incurrieron en conductas ilícitas sancionadas con cárcel de tres a nueve años, por delitos contra la biodiversidad, como establece el Código Penal Federal, pues no atendieron los requerimientos de las autoridades federales con el argumento de que contaban con las autorizaciones estatales y municipales; violaron las leyes General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, su reglamento, y la forestal, afirmó Guillermo Haro, titular de la Profepa.

De las 561 hectáreas que comprende la superficie total del terreno conocido como El Tucán, los desarrolladores iniciaron obras en 203, donde pretendían construir más de 700 viviendas, 20 naves comerciales y 3 mil locales, por lo que destruyeron manglares y otras especies forestales protegidas por la norma oficial mexicana 059 y pusieron en peligro especies de fauna, ya que afectaron ecosistemas costeros y humedales.

La empresa acumuló en dos años un largo historial jurídico, ya que en su contra se interpusieron 10 denuncias; en 2013 grupos ambientalistas presentaron nueve, y en 2014 se emitió otra. El caso llegó al Congreso de la Unión. Diputados y senadores exigieron mayor información a las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Economía sobre los riesgos ambientales, económicos y sociales del proyecto. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación también demandó la intervención del gobierno federal y la cancelación del proyecto, por el enorme daño que le causaría a la economía nacional, pues se verían afectados los fabricantes de aparatos electrónicos, zapatos, vestidos e industrias mueblera, médica, automotriz y de la construcción, entre otras.

Acompañado por el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el titular de Profepa puntualizó que la clausura procedió luego de que el primer tribunal colegiado del 27 circuito sobreseyó, el 8 de enero de este año, el juicio de amparo indirecto 272/2014 interpuesto por la empresa, y el pasado día 21 el juzgado de distrito emitió un acuerdo por medio del cual ordenó archivar el juicio de amparo como concluido.

Haro puntualizó que sigue abierta la denuncia penal que presentó la Profepa el 3 de octubre del año pasado ante la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR) por probables conductas delictivas, como el desmonte de manglar, el relleno de humedal, cambio de uso de suelo y daño de sequedad, los cuales están sancionados por el Código Penal Federal.

La institución sigue aportando las pruebas necesarias a la PGR, asentó.