Las mexicanas menores de 20 años representan el grupo no sólo de mayor tamaño entre los segmentos quinquenales en edad fértil sino también el que menos ha disminuido su fecundidad.

De acuerdo con cifras oficiales, entre las adolescentes sexualmente activas, menos de cuatro de cada 10 usaron anticonceptivos en su primera relación sexual, y menos de cinco usó uno en la última, y casi todas recurrieron a métodos con poca efectividad.

Los mismos reportes ubican la edad promedio del inicio de la vida sexual en la población adolescente en 15.5 años y los partos de mujeres de entre 12 y 19 años pasaron de 15.6 por ciento en 2003 a 18.7 por ciento en 2012.

De ese modo, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes anunciada el viernes pasado por el gobierno federal tiene, entre otras finalidades, asegurar para los jóvenes, la oferta de la gama completa de anticonceptivos reversibles para garantizarles una elección libre e informada de esos métodos, así como la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.

En los considerandos para el lanzamiento de esta campaña se justifica la participación del Estado en la atención del fenómeno a partir de su responsabilidad para velar por los derechos humanos de los niños y adolescentes, de sus obligación de proveer servicios de salud sexual y reproductiva, de propiciar una vida libre de violencia, así como en su deber de participar en el desarrollo, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas específicas para este sector.

A partir de ahí, la Estrategia se resume en una pirámide donde, a partir de diferentes modelos aplicados, la base está constituida por aquellas acciones encaminadas a incidir en los determinantes sociales de la salud, incluyendo ahí la mejoría en los logros académicos, la promoción del desarrollo juvenil positivo, la reducción de la pobreza y la disminución de las disparidades sociales.

El siguiente nivel de intervención plantea incorporar políticas públicas para mejorar el contexto donde se mueven los adolescentes e incentivar de ese modo decisiones saludables, como el acceso a orientación sobre el ejercicio de la sexualidad y la comunicación con los padres.

Enseguida, en los siguientes escalones de la pirámide se encuentran acciones como garantizar a los adolescentes la oferta y dotación de todos los métodos anticonceptivos, incluidos los de acción prolongada, la atención clínica directa continua y la educación integral de la sexualidad.

El mismo viernes, el presidente Enrique Peña Nieto fijó como objetivo medible en esta campaña reducir en 50 por ciento los embarazos en adolescentes en los próximos 15 años.

Las acciones –se insiste en documentos elaborados para dar el marco de la misma– deben realizarse con apego al respeto de los derechos humanos y bajo una perspectiva de género. Y tiene como fines específicos: contribuir al desarrollo humano y generar entornos que favorezcan las decisiones libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de la sexualidad y la prevención del embarazo; promover el uso de anticonceptivos; incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar el derecho a la educación integral de la sexualidad en todos los niveles educativos públicos y privados.