En la Cámara de Diputados, el grupo plural de trabajo para coadyuvar en la pesquisa del caso Tlatlaya y la bancada perredista denunciaron que las indagatorias de las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de México (PGJEM), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en torno a la matanza de 22 personas, se distinguen por la opacidad, el encubrimiento y la indiferencia, por lo que demandaron a esas instancias la entrega de la información completa de las investigaciones, sin censura.

Elena Tapia, presidenta del grupo de trabajo; Miguel Alonso Raya, coordinador del partido del sol azteca, y Aleida Alavez, vicepresidenta de la mesa directiva, recriminaron los resultados e informes oficiales, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “encontró que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, dos mujeres fueron torturadas y una intimidada, y se cometieron diversos ilícitos en la preservación y el tratamiento de la escena del crimen, las pruebas y los cadáveres.

“Las tres autoridades (PGR, Sedena y Edomex) aceptaron en su términos la recomendación del organismo defensor de derechos humanos, lo que significa que reconocen la responsabilidad de las ejecuciones arbitrarias, la tortura en agravio de las dos mujeres y la alteración de la escena.

Es sorprendente que se intente negar o cuestionar en declaraciones aquello que oficialmente se ha admitido.

Tanto Alonso Raya como Aleida Tapia recordaron que solicitudes ciudadanas dirigidas a la PGR, la Sedena y la PGJEM no fructificaron porque esas instituciones decidieron reservar la información demandada.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó hace unos días a las dos procuradurías y al Ejército elaborar versiones públicas de los documentos solicitados y entregar información más amplia sobre la cadena de mando de la 22 Zona Militar.

Por esa razón, los perredistas recordaron los pendientes tanto de la PGR como de la Sedena, que están obligadas a esclarecer la cadena de mando militar.

No es posible que a más de seis meses de los hechos no puedan tener conclusiones preliminares basándose en pruebas, testimonios, documentos oficiales y reconstrucción de los hechos.

Ambas instituciones deben dar a conocer si además de los siete militares procesados penalmente intervinieron después otros efectivos castrenses, ya sea con su presencia física o mediante comunicaciones. Reiteraron la pregunta sobre quién autorizó un patrullaje con ocho elementos si el mínimo es de 12, y omitió cumplir con el protocolo de videograbar el operativo.

Los representantes consideraron necesario investigar el contexto en que se desenvuelve el 102 batallón de infantería y las relaciones que se entablan en él. Inclinarse por la hipótesis de que civiles antagónicos a las víctimas pudieron dar órdenes a los soldados para la matanza significa desplazar la atención de la cadena de mando, lo que la PGR no puede descartar por el momento.

En ese sentido, se requiere hacer púbicos los peritajes de balística y medicina forense, para explicar por qué se encontraron 107 heridas de bala en las 22 personas abatidas, 48 impactos en los muros y sólo uno en las tres camionetas estacionadas, mientras el transporte militar recibió 12 tiros, según los peritos del estado de México.