Funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigieron en el Senado que se legisle para fijar la fecha en que el Ejército deberá regresar a sus cuarteles y que México cumpla con la recomendación de promulgar una ley contra la desaparición forzada.

Al participar en el último día de las audiencias públicas para analizar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, en la que propone intervenir los municipios infiltrados por el crimen organizado e instaurar la policía estatal única, Santiago Corcuera, integrante del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, pidió a los legisladores “aprovechar esta oportunidad, no hay que quedarnos en el contenido de la iniciativa enviada por el Presidente, que tiene muchas virtudes y hay que aprovecharlas.

“No nada más para los delitos, no nada más para las cuestiones de intervención de los municipios, sino también para establecer la salida paulatina de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública. Hágannos a los mexicanos ese favor.

No lo hagan de la noche a la mañana, pero expidan una ley donde se estipule algún tiempo razonable para el regreso a los cuarteles y por fin quede prohibido para siempre que el Poder Ejecutivo pueda utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Destacó: tenemos que replantear la estrategia de combate al crimen organizado, no pensarla como si fueran a enfrentar a un ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Tenemos que repensar eso, eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada de personas: una adecuada estrategia de seguridad ciudadana.

Insistió en que hay que ciudadanizar la seguridad pública, porque está militarizada, lo cual es propio de regímenes autoritarios.

En su oportunidad, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, dijo en el Senado que el Estado mexicano no ha cumplido con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas y que ese delito se tipifique en todos los códigos de los estados.

¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí desde hace tiempo, no sólo desde los sucesos de Iguala. Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud.

Recordó que el gobierno mexicano está en falta desde hace tres años, cuando el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la ONU recomendó tipificar ese delito en una ley general.

La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Marina Benítez, aludió también al tema y admitió que el Estado mexicano está en falta por no tener la legislación sobre desaparición forzada.

El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, recalcó que se requiere definir muy bien las competencias en la legislación, toda vez que no es suficiente la actual para combatir la delincuencia y reducir la impunidad.