Las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han sido ‘‘limitadas e insuficientes’’, a tal grado que ya no está abordando el caso como tema de desaparición forzada, sino de secuestro y homicidio, por lo que es necesario abrir nuevas líneas de investigación, incluida la supuesta participación del Ejército, señaló ayer la organización Amnistía Internacional (AI).

Al presentar los resultados de la visita que hizo dicho colectivo a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, afirmó que aunque la PGR acusó inicialmente al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, del delito de desaparición forzada de los estudiantes, un juez reclasificó el cargo como secuestro.

Aunque al parecer la lógica del juez fue que castigar a los acusados por ese delito los haría pasar más tiempo en prisión en caso de ser hallados culpables, esta decisión tiene ‘‘implicaciones de carácter político’’, ya que de esta forma no se admite la existencia de la desaparición forzada y por tanto no se reconoce la participación del Estado en ello, agregó.

Consultada sobre el tema, la coordinación de incidencia en políticas públicas de AI confirmó que la reclasificación no sólo se aplicó a Abarca y su esposa, sino a todas las personas actualmente detenidas por el caso de los normalistas, lo cual significa que ninguna de ellas está bajo proceso por el delito de desaparición forzada, sino por secuestro, homicidio o lavado de dinero (en el caso del ex alcalde).

Por lo anterior, Guevara llamó a la PGR a abrir nuevas líneas de investigación en el caso, sin dejar de lado la probable participación del Ejército en los hechos violentos del pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado, pues hay muchos testimonios según los cuales los militares estuvieron en el lugar de la agresión e incluso hostigaron y detuvieron a algunos de los estudiantes.

La directora regional de AI dijo que lo ocurrido en Iguala es el reflejo de que el gobierno mexicano no ha atendido de manera adecuada la crisis de derechos humanos –la cual definió como ‘‘una de las peores del hemisferio’’–, que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

Por último, Guevara destacó que los tres supuestos delincuentes cuyas declaraciones sustentan la versión de que los normalistas fueron ‘‘asesinados y quemados en el basurero de Cocula’’, dijeron haber sido torturados, por lo que llamó a investigar estas denuncias.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, destacó que ante los reclamos de los padres y madres de los estudiantes por la falta de resultados en las indagatorias, ‘‘la estrategia del gobierno de la República es deslegitimar sus demandas’’ y presentarlos como violentos e intransigentes.