Morelia, Mich.

Representantes de 32 comunidades purépechas exigieron este martes la salida del comisionado para la seguridad y desarrollo económico de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, porque su nombramiento es inconstitucional e ilegítimo, además de que no ha resuelto los problemas de seguridad y pobreza de los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa ofrecida en el salón de recepciones del Congreso local, el presidente de bienes comunales de Zopoco, municipio de Chilchota, Héctor Morales Gaspar, afirmó que nadie consultó a las comunidades purépechas para formar la policía indígena que la Secretaría de Seguridad Pública.

Según Vicente Méndez, jefe de tenencia de Santa Fe de la Laguna, Alfredo Castillo se va a ir de Michoacán porque no es capaz de resolver los problemas, en las comunidades no hay seguridad, vivimos de puro milagro, hay muchos secuestros y no se dice nada. Agregó que no hay confianza en la policía indígena que se pretende crear, por lo que se le impedirá entrar a las comunidades.

El pasado 18 de enero, en el poblado Naranja de Tapia, municipio de Zacapu, autoridades comunales de la región purépecha –ubicada en el centro occidente de Michoacán– aprobaron exigir a los tres órdenes de gobierno que respeten la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como a sus rondas o policías tradicionales. De igual manera demandaron al Congreso local, por medio de la comisión de asuntos indígenas, que se reconozcan y respeten las formas organizativas e históricas de los pueblos indígenas en materia de seguridad.

Además, exigieron al Poder Judicial del estado que respete a sus jueces comunales, porque ha pretendido desconocer a los que aún quedan, y pidieron que se establezcan jueces comunales en todos los pueblos, que se requieren para asuntos menores, sin entorpecer a la justicia estatal.

Otro acuerdo fue que las comunidades indígenas rechazan la nueva ley de hacienda municipal aprobada en diciembre de 2014, porque viola tratados internacionales en materia de consulta libre e informada para los pueblos originarios en medidas legislativas que les afectan, y encarecen la vida de los campesinos, por lo que presentarán una controversia constitucional en contra del pago de impuesto predial.

El presidente de bienes comunales de Pichátaro, municipio de Tingambato, Jesús Salvador González, aseguró, por su parte, que el problema de la tala clandestina sigue vigente, y que todos los días se pierden decenas de hectáreas de bosques sin que los gobiernos estatal y federal hagan algo.

En este contexto, se anunció que el próximo 21 de febrero se llevará a cabo una reunión de dirigentes comunales en la comunidad Zopoco, municipio de Chilchota, donde definirán si aceptan que se instalen casillas para las elecciones de junio entrante.