La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó recientemente el expediente del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves a derechos humanos; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no incluye este asunto en su estadística de hechos que involucren a soldados en conductas ilícitas consideradas como violaciones a los derechos humanos.

Oficialmente, la Defensa Nacional contabiliza 115 recomendaciones de la CNDH que tienen que ver con militares (desde 2007 con un último registro en mayo de 2013), y no toma en cuenta la recomendación emitida en noviembre pasado por la CNDH sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde la misma comisión determinó que de 22 civiles muertos, 15 fueron privados de la vida después de haberse rendido a los soldados con quienes habían sostenido un enfrentamiento a tiros.

La Defensa Nacional precisa en dicho informe que de 2007 a la fecha 368 soldados fueron indiciados en averiguaciones previas por violar presuntamente los derechos humanos, de los cuales 193 fueron investigados. De éstos, 103 fueron procesados y 46 fueron sentenciados, ocho resultaron absueltos y 18 se encuentran prófugos.

La citada estadística incluye una breve relatoría de los hechos, de cada caso, número de recomendación de la CNDH y fecha, número de averiguación previa iniciada, causa penal y juzgado, personal militar involucrado y situación actual del asunto.

El 13 de enero pasado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, rectificó la recomendación de su antecesor Raúl Plascencia Villanueva y ordenó notificar esa circunstancia a las víctimas, al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al gobernador del estado de México.

No obstante, hasta la fecha, la Sedena, en su página de Internet sigue sin incluir el caso Tlatlaya en las recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de esta dependencia, a pesar de que la secretaría aceptó el 6 de noviembre pasado que había comunicado a la CNDH su decisión de aceptar la recomendación número 51/2014, aun cuando esta dependencia del Ejecutivo federal no comparte algunos de los señalamientos contenidos en dicha recomendación.