Nueva York.

El nuevo Congreso bajo dominio republicano lanzó su primer ataque contra la Casa Blanca usando a inmigrantes como munición al aprobar medidas para anular las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama para proteger temporalmente a indocumentados de la deportación.

Las medidas no sólo anulan la orden ejecutiva de diferir deportaciones para entre 4 y 5 millones (aproximadamente dos tercios mexicanos) de indocumentados, sino que desmantelan la orden otorgada por la Casa Blanca en 2012 para proteger de la deportación a más de 500 mil indocumentados que llegaron aquí como menores de edad, los llamados dreamers.

Como parte del ajedrez político, las medidas formuladas por los republicanos de la Cámara de Representantes fueron enganchadas como enmiendas a un proyecto de ley sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Interior, el cual está encargado no sólo de asuntos de inmigración, sino de los programas antiterroristas en el país, que incluye protección de fronteras, costas e infraestructura, y cuyo financiamiento actual expira a finales de febrero. Por lo tanto, su aprobación se considera urgente, o sea, la jugada es desafiar a Obama a que ponga en riesgo la seguridad a cambio de su protección a inmigrantes.

Sin embargo, el proyecto de ley, junto con las enmiendas, aún tiene que ser aprobado por el Senado, el cual, aun con nueva mayoría republicana, podría no lograr reunir los 60 votos necesarios. A la vez, algunos republicanos, ya con vistas a la coyuntura de las elecciones presidenciales de 2016, no comparten la visión antimigrante de sus colegas en la Cámara de Representantes. A la vez, el argumento que algunos están usando es que no se trata de inmigrantes, sino de un abuso del Poder Ejecutivo al girar órdenes sobre políticas que no son autorizadas por el Legislativo.

Mientras tanto, estrategas de la Casa Blanca han indicado que, si prospera en el Senado, el presidente frenará el proyecto de ley con su veto, si éste llega con las enmiendas. Cecilia Muñoz, asesora presidencial sobre política doméstica, afirmó a periodistas que las enmiendas no son aceptables, y que los republicanos parecen estar interesados sólo en desbaratar las acciones más significativas y constructivas que se han impulsado, y no en el debate para resolver el tema migratorio.

Por su lado, los republicanos, ante la amenaza de un veto presidencial, argumentan que eso implica que Obama está dispuesto a poner en riesgo la seguridad del país para seguir con su amnistía para los indocumentados.

Así, se renueva el enfrentamiento sobre migración entre republicanos y la Casa Blanca, aunque algunos observadores se mostraron sorprendidos de que los legisladores estuvieran dispuestos a hacer esta jugada poniendo en riesgo el financiamiento del Departamento de Seguridad Interior –el presupuesto anual es de 39.7 mil millones de dólares– en una coyuntura donde se han elevado de las alertas de seguridad a nivel mundial después de los atentados terroristas en París.

Algunos legisladores demócratas condenaron la táctica, y denunciaron que los republicanos están tomando en rehenes la seguridad del país, mientras otros afirmaron que una vez más el liderazgo republicano cedía ante los elementos más extremistas de su partido. Los republicanos sólo han estado en control (de la legislatura) una semana y ya están provocando una batalla política innecesaria que arriesga cerrar el Departamento de Seguridad Interior. Esto no es un juego y es hora que los republicanos asuman su responsabilidad para gobernar seriamente, en lugar de ceder a las voces más extremas de su partido, afirmó el senador demócrata Harry Reid, líder de la ahora minoría en la cámara alta.

Pero el presidente de la cámara baja, el representante republicano John Boehner, reafirmó que Obama actúa ignorando al pueblo, a la Constitución y hasta a sus propias posiciones en torno al control de la inmigración. Argumentó que este abuso del Poder Ejecutivo es intolerable y ya basta.

El debate fue intenso tanto dentro del Capitolio como afuera, donde organizaciones de defensa de inmigrantes denunciaron a los republicanos por atacar, una vez más, a familias y trabajadores inmigrantes, mientras agrupaciones conservadoras elogiaron la valentía de los legisladores por repudiar la amnistía de ilegales.

Los republicanos tienen 54 de las 100 curules en el Senado, pero para aprobar un proyecto de ley se requiere un mínimo de 60 votos, y por ahora no cuentan con tal apoyo; por lo tanto, tendrán que negociar una versión modificada para atraer algunos votos de demócratas conservadores. Eso implica que la nueva versión tendría que ser regresada a la cámara baja para ser aprobada, todo antes del 27 de febrero, si desean mantener financiadas las operaciones del Departamento de Seguridad Interior.

Pero los republicanos tienen un plan B. Varios gobiernos estatales ya han presentado demandas ante tribunales para frenar partes de las órdenes ejecutivas sobre inmigrantes, y líderes legislativos indicaron que podrían presentar una demanda judicial contra Obama a nivel federal para frenar estas mismas órdenes, reportó el Washington Post.

Todo indica que el asunto de migración –o sea, el sector más vulnerable de este país– continuará siendo usado en la pugna política nacional.