Cascadas de Agua Azul
l ejido San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chiapas, fue fundado en 1980 por los tzeltales de la región. Es, con sus 70 mil hectáreas, uno de los más grandes de México, poseedor de gran biodiversidad y recursos naturales, además de ser la entrada a una las bellezas naturales más importantes del país: las cascadas de Agua Azul, contempladas dentro del Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), que promueve un turismo de élite en el estado a partir de la explotación de los atractivos naturales y arqueológicos de la zona. Un plan en el que los indígenas dueños originales de las tierras simplemente estorban.
En 2007, los ejidatarios de Bachajón se hicieron parte de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y a partir de ese momento decidieron ejercer su derecho a la libre determinación de su pueblo. Levantaron entonces una caseta de cobro en su territorio, con el fin de que los turistas que quisieran visitar las cascadas de Agua Azul pagaran una cuota de recuperación. Con el dinero recaudado, decidieron en asamblea, que se apoyaría a los ejidatarios enfermos y a las familias más necesitadas.
El corazón del CIPP es justo Agua Azul, y la pretensión es rodearlo de una infraestructura turística de lujo, para lo cual también se incluye la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque y el recientemente inaugurado aeropuerto. Es por eso que toda la fuerza del Estado está en su contra. Les han asesinado a dos de sus representantes, los han golpeado, encarcelado y torturado.
La caseta de cobro ha estado en el centro del conflicto. La desalojaron con violencia en 2009 y en 2011. En esta última ocasión no sólo los despojaron de la caseta, sino también de más de 2 mil metros cuadrados de tierra de propiedad comunal. Siguió entonces una batalla jurídica sin resultados. En este contexto, el pasado 21 de diciembre los tzeltales decidieron recuperar sus tierras e instalar nuevamente la caseta de cobro en la entrada a las cascadas. Y la mañana del 9 de enero nuevamente fueron desalojados por 900 policías federales y estatales.
El mal gobierno, a través del secretario de gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, se burla de que ya recuperaron la caseta de cobro como si fuera su propiedad o territorio, su verdadero interés es despojar nuestras tierras, son unos verdaderos sinvergüenzas traidores de la patria corruptos, pero su mala política no acaba nuestra lucha, porque no vamos a permitir que nos sigan despojando a su gusto
, señalaron en un comunicado en el que advirtieron: Vamos a continuar nuestras acciones en defensa de la madre tierra
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