l titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunciaron ayer de manera conjunta la ampliación del Acuerdo de Entendimiento para Apoyar la Integridad, Transparencia y Mejores Prácticas en las Contrataciones en el Desarrollo y Construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de que el organismo internacional fiscalice también la nueva licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
Cabe recordar que el primer concurso para adjudicar la construcción de esa línea férrea se realizó con un solo participante, el consorcio multinacional integrado por las empresas GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Constructora Teya-Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, ambas mexiquenses; Prodemex, de Olegario Vázquez; GHP Infraestructura Mexicana, y los expertos China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional de Ferrocarriles de Francia. En medio de críticas generalizadas por la falta de pulcritud del procedimiento, que en equivalía a una adjudicación directa para una obra de casi 59 mil millones de pesos, el conglomerado fue declarado ganador por Ruiz Esparza el 3 de noviembre, aunque unos días más tarde el mismo funcionario anunció que por instrucciones de la Presidencia de la República y para garantizar la claridad y transparencia del procedimiento
se revocaba el resultado.
Posteriormente, tras las revelaciones de que Grupo Higa había construido la llamada Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y que le había vendido una residencia campestre de lujo al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se anunció que esa empresa no participaría en la nueva licitación para construir el tren rápido.
Tanto la adjudicación inicial como su cancelación y, posteriormente, las revelaciones referidas, colocaron bajo sospecha, de manera inevitable, cualquier operación ulterior relacionada con la ejecución de ese medio de transporte en el centro del país y minaron gravemente la credibilidad gubernamental en general. En esta perspectiva, el anuncio formulado ayer por Ruiz Esparza y Gurría resulta explicable, por cuanto a la actual administración no le resultará fácil recuperar en el corto plazo la confianza de la ciudadanía.
Sin embargo, la noticia tiene dos vertientes preocupantes: por una parte la solicitud a la OCDE de que actúe como garante de la transparencia en las mayores obras previstas para este sexenio –que son, precisamente, un nuevo aeropuerto y el tren rápido México-Querétaro– constituye un grave reconocimiento de que las instituciones nacionales no son capaces de fiscalizarse a sí mismas ni de asegurar la probidad en los concursos a los que convocan; por la otra, representa una inaceptable cesión de soberanía a un organismo que es, por sí mismo y por su actual secretario general, parcialmente responsable de la imposición en nuestro país del dogma neoliberal, el cual ha causado un enorme daño a la economía, al tejido social y a la institucionalidad.
En este sentido, el virtual tutelaje de las operaciones gubernamentales pactado con la OCDE –a través de Gurría– es un nuevo paso hacia la dependencia y la abdicación de facultades soberanas del Estado y una cesión de facultades por demás desaconsejable. Sería recomendable que las autoridades nacionales tuvieran en cuenta el caso de Grecia, un país que ha sido desestabilizado en todos los terrenos por las devastadoras directrices impuestas desde entidades financieras trasnacionales.
