Chilpancingo, Gro.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, como muestra de que este gobierno ciudadano ha sido constante en la búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de Guerrero en todas sus vertientes, siempre procurando salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos y escuchando los diversos planteamientos que los actores sociales exponen con motivo de su lucha por el respeto de sus derechos.

Mediante oficio, el mandatario estatal reiteró su disposición de ofrecer a los guerrerenses un gobierno armonioso, que no atente contra la lucha ni contra los movimientos sociales, que cada día demandan la libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia, haciendo especial referencia a Nestora Salgado García.

La solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público representado en su persona, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Ejercicio de la Acción Penal.

Para el gobernador, esta acción atiende la demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del Estado y la paz social que requiere Guerrero.

En específico, Ortega Martínez solicitó que en el ámbito de sus atribuciones considere proceder en los términos legales conducentes al desistimiento de la acción Penal a favor de Nestora Salgado García, quien se encuentra procesada por diversos delitos ante el juzgado primero penal del distrito judicial de Morelos, causa penal 5/20145/2014-I; juzgado segundo penal del distrito judicial de Morelos, causas penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II; y juzgado cuarto penal del distrito judicial de Tabares, causa penal 191/2013-I.

El ejecutivo estatal pidió que sin quwebrantar los derechos humanos de las víctimas, la Fiscalía General del Estado, de manera conjunta con la Secretaría General de Gobierno, establezcan mecanismos para la reparación del daño en favor de quienes resultaron agraviados.