Presuntos nexos con el narco, conflicto de intereses y la dipufiesta
Viernes 9 de enero de 2015, p. 29
San Luis Potosí, SLP.
Los más fuertes precandidatos a la gubernatura –que se renovará el próximo 7 de junio, junto con 58 ayuntamientos y 27 diputaciones locales– han sido exhibidos en actos de corrupción, conflictos de intereses y videoescándalos, lo que ha derivado en el encarcelamiento del perredista Ricardo Gallardo Cardona, la dimisión del priísta Jesús Ramírez Stabros como coordinador de vinculación de la Presidencia de la República y una ola de críticas al panista Alejandro Zapata Perogordo.
Los partidos sólo han designado algunos candidatos a ediles y diputados locales, lo que ha llevado al borde de la división al PAN y al sol azteca. El plazo vence en febrero.
La de este viernes será la tercera noche del perredista Gallardo Cardona en el penal de Hermosillo, Sonora, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, a raíz de una denuncia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que comprobó la desviación de más de 200 millones de pesos del erario a sus empresas.
El presidente municipal con licencia de Soledad de Graciano Sánchez era hasta el 15 de diciembre pasado el aspirante más fuerte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura.
Al día siguiente el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD lo emplazó a que acudiera ante la Procuraduría General de la República (PGR) para aclarar presuntas conductas irregulares
, entre ellas posibles nexos del ayuntamiento con el crimen organizado.
El alcalde atribuyó estos señalamientos a opiniones personales sin escrúpulos, derivadas de un manejo perverso de las redes sociales
. Tampoco descartó el fuego amigo, del que culpó a Amalia García Medina, legisladora federal, ex gobernadora de Zacatecas y suegra de Eugenio Govea Arcos, diputado local que busca la candidatura a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.
La segunda señal de su debacle llegó el domingo 3 de enero, cuando el comité estatal perredista suspendió sin explicación la reunión del consejo político que iba a elegir candidatos a todos los puestos.
Ante el encarcelamiento de Gallardo, el 6 de enero, el CEN anunció que los candidatos serán nombrados por la dirigencia nacional.
Gallardo Cardona también era el aspirante más viable de los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Conciencia Popular. Él y su padre, del mismo nombre, ex alcalde y aspirante a relegirse en la misma ciudad, controlaban el PRD estatal.
El escándalo también ha tocado a las puertas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde hay ocho aspirantes a la candidatura al gobierno del estado.
Uno de ellos, Jesús Ramírez Stabros, renunció en septiembre pasado a la coordinación de vinculación del gobierno federal luego que se reveló que desde 2009 era consejero en la empresa española Iberdrola, ligada al sector petrolero y, por tanto, incurrió en conflicto de intereses.
Los otros son Mario García Valdez, alcalde capitalino y ex rector de la Universidad Autónoma del estado; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el diputado local Fernando Pérez Espinoza; el secretario de Educación estatal, Juan Manuel Carreras López; los ex legisladores federales José Ramón Martell y Salomón Rosas, y Juan Carlos Valladares García, dueño de un periódico local.
Todos han estado en una intensa campaña interna desde hace más de dos meses. El dirigente estatal, Joel Ramírez Díaz, informó que a más tardar el 15 de febrero tendrán candidato a gobernador y se iniciará la elección de candidatos a diputados locales y alcaldes, en alianza flexible
con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alanza.
La semana pasada el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la coalición parcial solicitada por PRI y el PVEM para los comicios federales; así, ambos postularán a 244 de las 300 candidatos uninominales; 188 serán priístas y 56, del PVEM.
En el PRI, los dirigentes de la Coalición de Sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México amenazaron con promover la abstención si se ceden candidaturas al PVEM.
José Guadalupe Contreras Pérez, dirigente del Movimiento Territorial, se sumó al rechazo a la coalición, que obligaría al PRI a ceder candidaturas. Elia Rodríguez Lucero, síndica de Ciudad Valles, de plano renunció al PRI.
Causó polémica entre los militantes priístas que María Luisa Ramos Segura, esposa del gobernador Fernando Toranzo, presentara el examen de conocimientos sobre los documentos básicos del PRI, requisito para militantes que aspiran a cargos de elección popular.
En el Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Zapata Perogordo, quien ya está inscrito para competir por la candidatura a la gubernatura, recientemente fue exhibido en un video que lo muestra en una fiesta con varias mujeres. Otro de los asistentes fue Luis Alberto Villarreal, quien por esa causa fue separado de la coordinación de la bancada panista en la Cámara de Diputados.
El aspirante panista a gobernador será electo mediante encuestas, para lo cual se instaló una mesa de diálogo a la que acudieron la senadora Sonia Mendoza Díaz, el ex diplomático Mario Leal Campos y el dirigente local Ramón Zamanillo Pérez.
También acudieron el senador Octavio Pedroza Gaitán, quien se opuso al método de selección y junto con Zapata Perogordo se negó a seguir participando, pues consideraban que la élite del partido favorecería a alguno de los que siguieron en el proceso. El único que regresó a la mesa fue Zapata.
En su debut, el Movimiento Regeneración Nacional destapó al ecologista Sergio Serrano. El diputado local Eugenio Govea Arcos fue nominado precandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, del que es dirigente estatal.
Por primera vez 15 ciudadanos contenderán como candidatos independientes. Enrique Suárez del Real Díaz de León y José Alfredo Loredo Zárate ya tienen registro como aspirantes a la gubernatura.
El Órgano Público Local Electoral registró también a 13 personas que buscan las presidencias municipales de la capital potosina, Cárdenas, Salinas, Ciudad del Maíz y Ébano, así como algunas diputaciones locales.