l secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, informó ayer que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, en el año en curso cualquier disminución en los ingresos públicos habrá de compensarse mediante una reducción del gasto gubernamental y no por medio de aumentos impositivos. Por otra parte, ayer mismo, dirigentes de diversas organizaciones campesinas que acudieron a un encuentro en la Secretaría de Gobernación narraron que los funcionarios del gobierno federal allí presentes les advirtieron de una posible reducción del gasto público a consecuencia de la caída en las cotizaciones internacionales del petróleo, y condicionaron el cumplimiento de acuerdos relacionados con el apoyo al campo a que se detenga el desplome en los precios del crudo.
Ambas declaraciones resultan consistentes entre sí y es pertinente saludar la decisión de evitar nuevos incrementos impositivos adicionales a los aplicados durante 2014, los cuales afectaron seriamente la economía de productores, trabajadores y consumidores y frenaron, de acuerdo con diversos expertos, las perspectivas de recuperación económica.
Parece adecuada, asimismo, la determinación de evitar un déficit mayor y mantener la disciplina fiscal, especialmente en las inciertas circunstancias económicas internacionales y nacionales de la actual coyuntura.
Es inquietante, en cambio, la posibilidad de que las autoridades decidan sacrificar el gasto social a fin de cumplir con tales objetivos y para paliar en alguna medida la reducción de los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo, no sólo porque ello significaría sacrificar a los segmentos más desprotegidos de la población, de por sí castigados por décadas de crecimientos insuficientes, congelación salarial y abandono del campo, la educación, la salud y los servicios públicos, sino también por un cálculo político básico: en la presente circunstancia se expande la percepción social de una institucionalidad ineficaz, poco transparente y demasiado onerosa. Con ese factor en mente, lo procedente sería, en lugar de recortar los presupuestos destinados al bienestar social, concebir y aplicar una estrategia de austeridad en las propias dependencias oficiales.
Son muchas las partidas superfluas, aplicadas en forma discrecional y arbitraria, y exorbitantes las percepciones de los altos funcionarios en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno.
Por añadidura, y a la luz de resultados, los instrumentos de fiscalización para impedir desvíos, despilfarros y malversaciones resultan deficientes, cuando no inoperantes. No hay otra manera de explicar la proliferación de casos de enriquecimiento inexplicable revelados en tiempos recientes que no sólo degradan la moral pública y sangran recursos del erario, sino que alimentan malestares sociales.
La austeridad en el gasto público parece ser, pues, la respuesta al difícil desafío actual. No pasa inadvertido que en administraciones anteriores esa fórmula ha quedado en la proliferación de controles que acaban por inflar más la burocracia y por entorpecer en doble medida el quehacer gubernamental, cuando no se ha tratado de una mera consigna demagógica y vacía.
Es momento de empeñarse en una reducción real y funcional de los costos operativos del gobierno y aplicar allí el eficientismo y la productividad que las autoridades económicas reclaman a los sectores económicos.
