Antes de que termine este mes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformará la norma 26 para que no sólo cumpla eficazmente el objetivo de fomentar la vivienda de interés social, sino se sancione penalmente a los desarrolladores inmobiliarios que la violen o recurran a argucias para utilizarla y vender condominios a precios inaccesibles para el grueso de la población.

Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Carlos Hernández Mirón, quien comentó que lo que es un hecho es la muerte de las normas 30 y 31, que se querían establecer para impulsar la vivienda de interés medio.

Lo que ahora tenemos es una serie de reformas a la norma 26, planteadas por todas las bancadas legislativas y actuaremos en consecuencia para acatar esas propuestas y tener un ordenamiento urbano, como es la norma 26, mucho más fortalecida, robusta, con dientes y que sea una herramienta de beneficio para los ciudadanos, explicó.

En entrevista, el legislador capitalino detalló lo que será la nueva norma 26: “quedará bien preciso, bien especificado que será sólo para vivienda de interés social, liberándola de un listado de colonias –como preveían la 30 y la 31– y para su aplicación se respetará en todo momento los pueblos, los barrios originarios, la parte intangible de la ciudad, y, sobre todo, el asunto de mitigación alrededor de los proyectos de vivienda.

“También –dijo Hernández Mirón– se establecerá un tipo penal para quien violente esa norma, que hasta antes de suspenderla no se tenía previsto y por tanto todos abusaban de ella porque no existían sanciones. Ahora habrá un tipo penal que lleve al constructor y al desarrollador inmobiliario a un juicio penal”.

–¿Entonces, ¿se podrá construir en cualquier lugar del Distrito Federal al amparo de dicha norma?

–Se retira cualquier lista de colonias y se buscarán los lugares más apropiados para el desarrollo de vivienda de interés social. No incluiremos colonias porque si no incides en el costo del uso de suelo, de ahí que quienes construyan con esta norma tendrán un tope de venta de sus casas, que irá de los 700 hasta los 800 mil pesos. No más caras.

“La ciudad de México –añadió– enfrenta un déficit de 40 mil viviendas, de ahí que decimos que necesitamos que la inversión privada intervenga pero lo hará con reglas claras y sin que violenten las construcciones. Habrá un candado para que la vivienda no sea transferible en 10 años”.

Al final dijo que se pretende tener la norma 26 lo más pronto posible, totalmente afinada, para que entre en vigor lo más pronto posible; por eso espero que en el extraordinario esté listo el dictamen para llevarlo al pleno.