El Comité de Solidaridad por Ayotzinapa en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca –integrado por organizaciones sociales, colectivos, estudiantes y ciudadanos–, iniciará el jueves próximo la búsqueda de los alumnos de la Normal Rural en cuarteles militares y reclusorios.

El primer sitio al que acudirán será el cuartel de la 14 Zona Militar, ubicado en el municipio de Ciudad Ixtepec. El lunes 12 de enero visitarán las oficinas de la Procuraduría General de la República y el cuartel de la Armada de México con sede en el puerto de Salina Cruz.

El 14 de enero recorrerán el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec y las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia. Finalmente, el 16 de enero visitarán el penal de Juchitán y el cuartel de la policía estatal con sede en El Espinal.

Óscar de Lima Santiago, uno de los organizadores de esa jornada de búsqueda e integrante del colectivo Vientos de Cambio, explicó que, a pesar de que no cuentan con autorización para ingresar a los lugares mencionados, llegarán con un documento escrito a modo de permiso para poder acceder y buscar a los normalistas.

En tanto, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las regiones Cuenca y Mixteca tomaron ayer, de 10 a 14 horas, las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en el periférico de la ciudad de Oaxaca, y la caseta de cuota de la súper carretera Oaxaca-México (tramo Oaxaca-Cuacnopalan) para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y en repudio a la Ley Federal de Educación.

En Chilpancingo, Guerrero, padres de integrantes del equipo de futbol Los Avispones, de tercera división, denunciaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que sus hijos fueron presionados en la agencia del Ministerio Público del fuero común de Iguala al momento de rendir su declaración sobre los hechos, en los cuales estuvieron inmersos luego de que pistoleros y presuntos policías federales los balearon en la carretera Iguala-Chilpancingo la noche del 26 de septiembre y asesinaron a David Josué García, de 15 años; al chofer del autobús en que se trasladaba el equipo, Víctor Manuel Lugo, y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi.

En una reunión en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos con funcionarios de la CEAV, acusaron que los gobiernos estatal y federal no han cumplido con los compromisos adquiridos luego de la agresión que sufrieron sus hijos, entre ellos becas para cursar sus estudios. Roberta Evangelista, madre de David Josué, reprochó que, tres meses después del crimen de su hijo, no ha recibido indemnización.