La panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión de Trata de Personas del Senado, sostuvo que la reforma a la ley en la materia, aprobada en el Senado en febrero pasado, tuvo 60 correcciones a lagunas en su contenido, artículos duplicados, ambigüedades, deficiencias de redacción e imprecisiones en el tipo penal, y en particular fue armonizada con los instrumentos internacionales.

Añadió que para su elaboración se tomaron en cuenta recomendaciones de la ONU y se realizaron foros con organizaciones civiles, con víctimas de trata, expertos, académicos, representantes de los poderes judiciales y con autoridades encargadas de procurar justicia y de brindar atención a las víctimas. Se trabajó en ella, subrayó, casi 500 días, no fue producto de un análisis al vapor y mucho menos fue hecha a la carrera.

Sin embargo, destacó que la Cámara de Diputados, al revisar la minuta del Senado, le quitó la definición del delito de trata de personas, con lo cual nunca podrán ser llevados a la cárcel todos aquellos que intervienen en el enganche, transporte, traslado, acogida y recepción de una personas con fines de explotación, y tipificó sólo la explotación sexual, además de que redujo las multas.

La minuta con cambios que devolvieron los diputados se quedó en el Senado, para su revisión en el periodo de sesiones que se inicia el 1º de febrero. Las comisiones que la dictaminarán anunciaron que recuperarán, entre otras cosas, la definición del delito de trata de personas que eliminó la colegisladora, ya que la explotación sexual sí es un delito, pero no es trata de personas.

Dávila Fernández afirmó que la reforma a la ley contra la trata de personas, aprobada de manera unánime por el pleno del Senado en febrero, fue producto de un trabajo responsable, sólido y profesional que permitió incorporar medidas contundentes para prevenir y sancionar este flagelo social.

La senadora –quien denunció que ha recibido amenazas y ataques– abundó que, incluso, se instaló una Conferencia Nacional de Legisladores Locales con la participación de 24 entidades para coordinar esfuerzos entre la Federación y los estados en el ámbito legislativo.