El agotamiento paulatino de los yacimientos más ricos de gas natural en Estados Unidos, y la baja en el precio internacional de los hidrocarburos, aumentan la presión de empresas transnacionales y de servicios para acelerar en México el uso del fracking, controvertida técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales (gas shale) que es rechazada cada día por gobiernos locales y nacionales, así como por organizaciones ambientalistas.

En los hechos, en el país ya hay unos 20 de pozos que son explotados con esta técnica, la cual requiere demasiada agua para extraer hidrocarburos del subsuelo, según datos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, organización integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, afirma que la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (Asea), recién creada con la reforma energética, que entrará en operación formalmente el próximo 2 de marzo, no sólo carece de autonomía y sus decisiones estarán basadas en criterios políticos y no técnicos, sino que en la práctica operará como ventanilla única para facilitar los requisitos fijados a las petroleras y gaseras. El titular de la Asea es nombrado por el Presidente de la República.

En entrevista, aseguró que evidencias científicas contundentes advierten que este método de extracción tiene impacto mucho más negativo que el generado por las técnicas extractivas tradicionales. “El fracking no es una opción energética a mediano y largo plazos”.

La también coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, asegura que la reciente reforma energética tuvo como objetivo esencial quitar obstáculos a la llegada y desarrollo de las empresas transnacionales, incluso permitiéndoles el uso de técnicas tan dañinas como el fracking.

Insistió en que el gobierno mexicano ha apostado por la generación de energía a través de hidrocarburos como única opción, sin dar la prioridad que requiere el impulso de energías renovables, y a otras medidas como la reducción en el consumo de energía.

Precisó que los efectos negativos de la fractura hidráulica son múltiples, documentados por una década en varios países, incluyendo Estados Unidos. Explicó que junto con el altísimo consumo de agua –cada pozo consume entre 9 y 29 millones de litros– está el uso de químicos tóxicos que mezclados con el agua, se inyectan al subsuelo para fracturar la roca de donde se extrae el gas. Explicó que esta inyección de agua y metales pesados contamina los mantos acuíferos y ríos y genera múltiples enfermedades a la población.