Un sistema universal de salud tendría que prescindir de la mercantilización de los servicios, y que éstos se ofrezcan en condiciones semejantes para todas las personas, en forma integral y sin exclusión social. La reforma del sector, que la población espera y el sistema necesita, tampoco debe limitarse a la oferta de un paquete básico de servicios ni al primer nivel de atención, afirmaron Carolina Tetelboin y Gustavo Leal, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Ante la fallida propuesta de reforma legal planteada por la Secretaría de Salud (Ssa) al inicio del sexenio para crear un sistema universal con financiamiento de un fondo único a partir de impuestos y la prestación de atención médica sin importar condición social o laboral, Leal, colaborador de La Jornada, planteó la necesidad de reconocer las deficiencias actuales en infraestructura y equipamiento en clínicas y hospitales, así como la indispensable participación de la sociedad en el diseño de cualquier nuevo esquema.

Ambos especialistas en temas de salud y seguridad social participaron ayer en el seminario La reforma del Sistema Nacional de Salud en México, ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Entre sus objetivos está iniciar un proceso de revisión del tema, por si en algún momento el gobierno federal retoma algún proyecto de reforma del sector o si avanza alguna de las iniciativas que ya han sido presentadas en el Congreso, para modificar el artículo 4 constitucional.

Leal destacó que los pasados han sido dos años perdidos en salud, sobre todo por la carencia de un análisis formal sobre los cambios que requiere el sector.

La reforma es viable y la demanda de universalidad es de la ciudadanía, sólo que también debe responder a las expectativas sociales. Pero hasta ahora, no ha habido un proyecto que las atienda. En cambio, sigue recortando el proyecto original que defendía la secretaria Mercedes Juan, que tampoco tiene que ver con el planteamiento que traía Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a la Presidencia.

Antes, la también investigadora Asa Cristina Laurell presentó un diagnóstico sobre el sistema sanitario nacional y, sobre todo, destacó cómo la reforma a la Ley del Seguro Social explica la crisis financiera por la que atraviesa, pues se redujeron las cuotas obrero-patronales y se fijó una cuota fija e insuficiente para cubrir los gastos médicos de pensionados.

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tampoco se ha aplicado lo que se planteó a la ley de este organismo, en específico lo relativo a un modelo que favoreciera la calidad por la competencia entre prestadores, el financiamiento a la demanda, no a la oferta de servicios, entre otros.

En cuanto al Seguro Popular, entre sus limitaciones está el acotamiento de los servicios a un paquete básico, el cual representa entre 11 y 15 por ciento de los que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.