El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió con fines de investigación al juez de distrito Alfonso Javier Flores Padilla, por presuntas irregularidades en su gestión y porque sus ingresos no coinciden con la adquisición de diversos inmuebles y automóviles de lujo.

Flores Padlla se desempeñaba como titular del juzgado segundo de distrito del centro auxiliar de la decimoprimera región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, aunque la indagatoria está relacionada con su actuación como juez de distrito del centro auxiliar de la primera región, con residencia en el Distrito Federal:

El CJF estableció, entre otras presuntas irregularidades, que el juzgador abandonó la residencia de su órgano jurisdiccional sin la licencia correspondiente.

También advirtió que Flores Padilla adquirió bienes muebles e inmuebles con cantidades que no corresponden a su salario, y realizó múltiples viajes al extranjero en un breve periodo”, además de que no presentó correctamente su declaración de modificación patrimonial, al no incluir en ésta propiedades millonarias.

El CJF señaló que corroboró 31 registros de ingreso a México por líneas aéreas mexicanas y extranjeras y solamente dos salidas del país, en el periodo comprendido de 2005 a 2014, lo que probablemente constituya abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente.

La autoridad judicial encontró que el juzgador –que fue suspendido sin goce de sueldo–, compró un departamento en 2006; una casa en condominio ubicada en el Pedregal de San Ángel, remodelada en 2009, y otra vivienda en el fraccionamiento Condominios Del Bosque, en Tlalpan, así como dos vehículos de fabricación alemana, uno con valor aproximado de un millón 83 mil pesos a un millón 400 mil pesos y el otro de entre 698 mil 900 pesos y 959 mil 900 pesos”. Además, detectó una transacción en efectivo por un monto de 41 mil dólares estadunidenses. Asimismo, se localizaron antecedentes de la compra de propiedades de familiares cercanos, como un inmueble, en 2009, por un valor superior al millón y medio de pesos y otro, en 2012, por más de 14 millones de pesos.

El CJF determinó suspender al juzgador durante el tiempo necesario para realizar las investigaciones administrativas y faculta a todas las instancias internas, incluida la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que procedan a las indagatorias a que haya lugar.