La Procuraduría General de la República (PGR) reservó 12 años las investigaciones que realiza sobre el caso Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, denunció la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

Esta organización civil realizó una solicitud de acceso a la información pública a la dependencia, con el fin de conocer los avances de las indagatorias por estas graves violaciones a los derechos humanos suscitadas el pasado 30 de junio. Ello con el objetivo de conocer cuántos dictámenes se han realizado durante la investigación y para obtener una copia simple de éstos.

Sin embargo, el 18 de noviembre la PGR respondió que se han analizado 11 dictámenes en la indagatoria, pero no otorgará información pública de los mismos porque se trata de información reservada. Según la procuraduría, al tratarse de una investigación no es posible hacer del conocimiento su contenido ni revelarla a un particular bajo ninguna circunstancia, por lo que la información permanecerá en tal carácter hasta por un periodo de 12 años, lamentó la organización no gubernamental (ONG).

En respuesta a esa negativa, la Cmdpdh interpuso un recurso de revisión el 5 de diciembre, en el cual solicitó que se haga pública la investigación, debido a que se trata de una violación grave a los derechos humanos o incluso pudiera configuarse como crimen de lesa humanidad.

La dependencia, encabezada por Jesús Murillo Karam, argumentó que por ese caso se inició una averiguación previa, por la probable comisión del delito de homicidio, y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recientemente una recomendación por los hechos, ésta no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos, pues el exhorto está publicado en la sección recomendaciones y no en la de recomendaciones por violaciones graves.

Para la Cmdpdh, la negativa de la PGR vulnera tratados internacionales que México está obligado a cumplir y violenta la garantía de acceso a la verdad.

La PGR es omisa para aplicar la jurisprudencia recurrente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que forma parte del orden jurídico mexicano, la cual ha estipulado que los atropellos graves a las garantías fundamentales son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.

La organización civil recordó que en el caso Rosendo Radilla Pacheco –en el cual la CoIDH encontró responsable a México de violaciones a garantías fundamentales–, el tribunal internacional determinó que en la investigación sobre violaciones graves a derechos humanos el Estado mexicano está obligado a que los resultados de los procesos sean públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad pueda conocer la verdad de los hechos.

Por ello, la Cmdpdh exigió a la fiscalía federal considerar los hechos de Tlatlaya como violaciones graves y, en consecuencia, proporcionar la versión pública de los 11 dictámenes. Además, hacer pública la investigación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual asienta que no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de una investigación por haber vulnerado de manera grave las garantías fundamentales o sea por delitos de lesa humanidad.