a ratificación de que alguno de los restos humanos encontrados corresponden a Alexander Mora Venancio no comprueba la versión gubernamental de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en Cocula. El resultado de los estudios realizados por la Universidad de Medicina de Innsbruck ni avala ni contradice el relato oficial de los hechos. Solamente establece la identidad de un joven asesinado y quemado. No dice quién ni cómo ni dónde se hizo.

Carente de credibilidad, el gobierno quiso validar su explicación del crimen utilizando los resultados de los estudios de ADN efectuados en Innsbruck. En la conferencia de prensa del 5 de diciembre –en que no hubo preguntas–, el procurador Jesús Murillo Karam afirmó sin evidencia seria: Esta prueba científica confirma que los restos encontrados en una de las escenas coinciden con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó de la vida al grupo de personas en los términos y señalamientos que dan en la averiguación.

Diplomáticamente, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al que los familiares de las víctimas confiaron la responsabilidad de la investigación, lo desmintió. Ese día difundió un comunicado en que establece categóricamente: Por el momento no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y en parte por el EAAF correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados por las autoridades.

La misiva explica que ellos no estuvieron presentes en el momento en que los buzos y los peritos de la PGR recuperaron la bolsa con los restos calcinados en la que –a decir de las autoridades– se encontraba el fragmento de hueso que permitió la identificación del joven Mora Venancio. Llegaron al lugar convocados por la PGR cuando la bolsa ya había sido abierta y la muestra se encontraba junto a otras en un área de limpieza.

Según los especialistas argentinos, se requiere de mayor evidencia física que una los hallazgos de Cocula y el río San Juan.

El señalamiento del EAAF es fundamental. No obstante que gran número de especialistas ha cuestionado seriamente la versión gubernamental de que los 43 normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus restos incinerados lanzados al río, y han documentado fehacientemente sus inconsistencias, existe gran presión por dar por buena esta versión de los hechos.

Dentro del gobierno se le quiere dar carpetazo al asunto de Ayotzinapa. Las declaraciones de Enrique Peña Nieto en Guerrero el pasado 4 de diciembre, llamando a superar este momento de dolor, no sólo son una muestra de una enorme insensibilidad, sino la comprobación de esta urgencia.

La primera noticia sobre el resultado de los primeros análisis de ADN fue difundida el miércoles 3 de diciembre por José Ureña. Desagradables noticias desde Innsbruck, tituló el periodista su columna. Y allí adelantó el guión oficial que seguía: “Las pocas partes de cuerpos humanos rescatadas del río San Juan, en Guerrero –escribió–, lamentablemente confirman las informaciones proporcionadas por tres sicarios del cártel Guerreros Unidos”.

Ni los padres ni sus abogados tenían comunicación alguna sobre los resultados del estudio de Innsbruck. Fue hasta el jueves 4 de diciembre que las autoridades gubernamentales se los reveló en la ciudad de México. Juntos, acordaron que no se difundiera a la prensa hasta que el padre de Alexander, los familiares del resto de desaparecidos y los normalistas fueran informados. Un día más tarde, en Ayotzinapa, se comunicó la noticia a los deudos y compañeros de las víctimas. En la manifestación del 6 de diciembre el representante de los padres anunció públicamente los hechos. Ya para entonces el suceso circulaba en las redes.

En todo momento los peritos argentinos se comportaron con el profesionalismo que los caracteriza y de acuerdo con los compromisos acordados. No hubo de parte de ellos protagonismo alguno.

La maniobra gubernamental resultó contraproducente. Cuando, en el mitin del 6 de diciembre, se supo la noticia de que los restos de Alexander Mora habían sido identificados, la multitud exclamó rabiosa e indignada: ¡Peña Nieto: asesino! Ezequiel Mora, cultivador de jamaica y padre del occiso, señaló: El gobierno corrupto asesinó a mi hijo. Agregó: Es el gobierno el que ha matado a todos los luchadores sociales. No los mata otra gente, los mata el mismo gobierno.

El fracaso de la estrategia oficial era previsible. Lo seguirá siendo. Según Aurelio Nuño, el influyente jefe de gabinete de Peña Nieto, la crisis de Estado que vivimos es atribuible a meros errores en la estrategia de comunicación de Los Pinos y a la falta de “una agenda más contundente en materia de seguridad y de estado de derecho”.

Incapaz de calibrar la naturaleza y profundidad de la movilización social en curso y la grave crisis de representación política que atraviesa el país, advierte: No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas.

Así, no puede extrañar que la propuesta de Peña para enfrentar la insurgencia cívico popular que se vive en Guerrero, además de tratar de cerrar el caso a la brevedad, se limite a garantizar el tránsito en la Autopista del Sol (continuamente bloqueada por los manifestantes descontentos), reducir a la mitad su cuota de peaje, promover un programa de empleo temporal para pavimentar las calles, diferir el pago de impuestos y cuotas de seguridad social en cinco municipios, y lindezas por el estilo.

Tumbo a tumbo, de mal en peor, de maniobra en maniobra, de mentira en mentira, la administración de Enrique Peña Nieto lleva al país al desfiladero.

Twitter: @lhan55