l presidente Peña es jefe del Estado, y responsable de las instituciones que lo constituyen. Ayotzinapa des­veló el muy riesgoso alcance de la descomposición y la disfuncionalidad extrema de esas instituciones. Que cada día parecía avanzar su estado de corrupción, lo sabíamos. Pero que parecieran estar en trance de muerte, agónicas, lo destapó un crimen que algunos juristas como Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, piensan que es una matanza posible de considerar como crimen de lesa humanidad.

Saber si es o no tal crimen, y si el Presidente tiene efectiva responsabilidad jurídica sobre las matanzas –no sólo Ayotzinapa, sino Tlatlaya, y todos los que yacen en las narcofosas de antes y después de Ayotzinapa y de las regiones del país donde cada día se asesina sin freno–, seguramente sería un proceso infernalmente largo y complejo. Pero con mucha frecuencia aparecen aquí y allá argumentos que dicen ser jurídicos y contenidos en instrumentos legales internacionales que abonan la hipótesis de esa responsabilidad.

Hasta ahora nadie parece haber emprendido el camino en busca de ese esclarecimiento, pero es evidente que la propia institución presidencial está a mil años luz de considerarlo algo posible o serio.

El relator de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, Ariel Dulitzky, en una reunión con la Comisión de la Cámara de Diputados que dizque investiga el caso, dijo que en una desaparición forzada se tiene que actuar en las primeras 72 horas. Y si se comprueba la teoría del procurador (Jesús Murillo Karam), se actuó 10 días tarde y eso es demasiado tarde. Este ritmo de actuación muestra una proverbial falta de sensibilidad humana sobre la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas, más los asesinados de ese mismo día. Una insensibilidad nacida de su propia experiencia histórica: los pueblos de este país azotado por la crueldad, soportan lo que sea. Pero esta vez no fue así y…, se les hizo tarde.

Numerosos grupos de la sociedad mexicana en todo el territorio levantaron la voz enfurecidos y marchan en decenas de ciudades de la República, acompañados de locos o seudolocos anarquistas. Para infortunio del gobierno y su actuar tortuguesco, atribuirle al gobierno o a EPN directamente cuanto sucede cada día se volvió una realidad política. Por eso hasta ahora la furia social sigue en crecimiento.

Y seguimos sin rumbo en este gravísimo problema, porque el Presidente y su equipo parecieran no haber entendido el alcance y la índole política del momento. El Pre­sidente quiso sumarse (muy tardíamente) a la protesta diciendo que todos somos Ayotzinapa, pero quienes de veras lo sienten rechazaron categóricamente tal expresión y por supuesto no le conceden ni un gramo de autenticidad. Sólo logró enfurecer más a tantos que se sienten agraviados.

Nada aprendió EPN de este hecho. Fue a Acapulco a leer un programa de diez puntos. Lo ocurrido en Iguala marcará un hito en la historia de México y es momento de superarlo, dijo. Un discurso para dejar atrás de una vez por todas los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Increíble.

Dijo también que para promover el desarrollo y la prosperidad en la entidad pondría en marcha un nuevo plan de estrategia para Guerrero de cinco puntos, basado en la creación de un fondo especial, la operación de un programa de empleo temporal, la pavimentación de calles, apoyos a los contribuyentes, así como un programa especial de turismo para impulsar la temporada vacacional decembrina que incluye un descuento de 50 por ciento en la Autopista del Sol. Absolutamente increíble que el Presidente crea que la pavimentación de calles o el empleo temporal sean componentes de una respuesta política que cambie el sentir de los deudos, sus familias, y de toda la sociedad que se siente profundamente vejada. De no creerse. La estrategia que el gobierno vio fue el encapsulamiento de Iguala y alrededores (Iguala no es la República, había dicho el procurador), mediante un programita económico (que debería ser suficiente para acallar a todo mundo), y en el que no se dice ni una sola palabra de las víctimas. Tras la lectura del teleprompter, la realidad se ha transformado; eso parece tener en la cabeza el Presidente. No se percata de que en su decálogo no hay la menor alusión a las víctimas, y mucho menos la más mínima referencia a la imperiosa necesidad de reformar el ejercicio del poder. EPN con su decálogo ha abonado a una mayor polarización entre un número creciente de agraviados y el gobierno. No tenemos un rumbo para empezar a andar el largo camino de la reconstrucción de la gobernabilidad.

Nadie puede asegurar que en el futuro se advierte un movimiento de masas al alza, pero tampoco nadie puede afirmar que no lo habrá.

La reconstrucción de la gobernabilidad demanda de justicia social, eliminación de las desiguadades infamantes, educación y salud para todos, suprimir la corrupción y la impunidad, amplia participación de la sociedad en las decisiones que afecten a la República, no pavimentar calles.

Muy lejos de todo ello, al día siguiente el Presidente se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial y le dijo que no se apartará del proyecto de nación que ha propuesto, aunque no podemos ser ajenos a hechos de coyuntura que nos hacen repensar, replantear, corregir, pero no desviarnos de la ruta trazada. He ahí: el ejercicio del poder continuará tal como va.