El jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, señaló que no aceptará daño al erario de Miguel Hidalgo ni a los programas sociales por la deuda de 10 millones de pesos que le heredaron sus antecesores, los panistas Alfredo Vinalay y Gabriela Cuevas.

Por esa razón, dijo, aceptará el arresto administrativo (por 36 horas) que le impuso un juez, para cumplir con la ley y ganar tiempo para obtener los recursos y pagar la deuda, o que la Secretaría de Finanzas le asigne más presupuesto.

Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto de la ALDF, en el contexto de la discusión del presupuesto para 2015, dijo que su administración recibió una deuda de Vinalay y Cuevas por un contrato con valor de 10 millones de pesos de una supuesta supervisión con la empresa TAO.

Indicó que tan sólo el objeto del contrato demuestra la intención que había de las partes de confundir y ocultar la realidad del documento; la Contraloría General ya determinó que hubo corrupción e inhabilitó por dos años a cuatro funcionarios de la gestión de Cuevas-Vinalay.

Ante los integrantes de dicha comisión, Romo dijo estar dispuesto a asumir el arresto administrativo que ha sido ordenado por un juez, aun cuando no me he negado a pagar lo que a todas luces es un acto de corrupción, un evidente daño al erario, por administraciones pasadas.