De los reclusos en penales del Distrito Federal, 82 por ciento reportaron que sus familiares pagan por llevarles algunos objetos. A 80 por ciento les cobran por entrar con comida, a 57 por ciento por entrar al penal y a 33 por ciento por tener una visita conyugal, de acuerdo con el Reporte histórico de la población carcelaria en el Distrito Federal y el estado de México 2002 a 2013, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El análisis sobre los cobros indebidos por el personal penitenciario a los familiares que acuden a visitar a los internos indica que los casos en el DF se han duplicado, mientras en el estado de México se han triplicado.

Esto constituye una muestra clara tanto de la descomposición como del incremento de la corrupción en las instituciones penitenciarias de ambas entidades

El informe, presentado por los investigadores Marcelo Bergman, Gustavo Fondevila, Carlos Vilalta y Elena Azaola, subraya, como parte de los hallazgos encontrados, que la corrupción policial también aumentó, ya que en 2002, 36.9 por ciento de los reclusos reportaron que algún policía les pidió dinero o alguna pertenencia, mientras en 2013 esta proporción aumentó a 46.1 por ciento.

De acuerdo con Azaola, este informe da cuenta de que las condiciones de vida de los reos ha empeorado y la corrupción del sistema penitenciario y de seguridad pública va en aumento, en relación con años anteriores.

Por ejemplo, dijo, 67 por ciento de los internos en el DF reportaron que se puede conseguir una celda individual si se paga por ella. Asimismo, de 2005 a 2103, el número de internos que consideran que es más imporatnte tener dinero e influencias para obtener la libertad condicional creció de 5 a 20 por ciento en el DF.

Edna Jaime, del centro México Evalúa, dijo que esta investigación desnuda que las políticas públicas encaminadas a corregir esta situación han sido poco eficaces, así como los programas de atención a los jóvenes, ya que, de acuerdo con el reporte, la edad promedio de los reos al momento de su detención es de 30 años.

Subrayó que aunque la mayoría de los reclusos cometieron algún tipo de robo, se observa un incremento significativo en la proporción de sentenciados por secuestro, homicidio dolosos y robo con violencia.

Otro factor preocupante, advirtió, es el número de reincidentes, ya que dos de cada cinco sentenciados estuvo preso anteriormente o internado en alguna institución para menores infractores.

En general, Edna Jaime apuntó que los internos reportaron mayor corrupción, autogobierno en los penales y extorsión, y el gobierno no se ha hecho cargo de que se respeten los derechos de los internos.