El Senado recibió ayer por la noche la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que modifica los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución, con el objetivo de crear el mando único policial a escala federal; desaparecer las mil 800 corporaciones policiacas municipales débiles para constituir 32 sólidas instituciones de seguridad estatal en un plazo máximo de dos años y facultar a la Federación para asumir total o parcialmente las funciones de los ayuntamientos que se encuentran infiltrados por el crimen organizado.

La iniciativa que envió el Ejecutivo federal faculta al Congreso a expedir leyes que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública y se homologuen criterios y procedimientos en la materia; definan con libertad qué conductas deben ser tipificadas en dichas leyes y distribuyan en esos casos las competencias para su investigación, persecución y sanción.

Igualmente, que distribuyan competencias de materia penal para la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en esas materias.

La iniciativa presidencial indica además que como el servicio de policía lo proporcionarán los estados, los municipios deberán pagar por él, como por cualquier otro servicio público, y además propone que el servicio de tránsito, que hoy es municipal, por ser materia de seguridad pública, debe pasar a los estados.

Al municipio lo deja sólo para que opere con agentes municipales en los términos de bando de buen gobierno, pero sin que desplieguen funciones propias de seguridad pública.

El presidente Enrique Peña Nieto destaca en su iniciativa de reformas a los artículos 105 y 115 constitucionales en materia de intervención de municipios infiltrados por el crimen organizado que cuando el fiscal general de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación, para que, de considerarlo procedente, en forma conjunta, solicite la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio en los términos que disponga la ley reglamentaria.

Argumenta Peña Nieto que esta figura encuentra su racionalidad en el hecho de que un órgano electo de forma democrática, que ha sido cooptado en algún nivel por la delincuencia organizada, no puede llevar a cabo sus funciones e impide el correcto desempeño de sus competencias constitucionales y legales.

Peña Nieto propone que en caso de que sea necesaria una intervención total del órgano municipal, las legislaturas de las entidades federativas convoquen a elecciones en los términos que disponga la Constitución de cada estado.

En la iniciativa, el Ejecutivo hace notar que en el país existen alrededor de 600 municipios (la cuarta parte de éstos) que, por razones de carácter político o presupuestal, no cuentan con una corporación policial propia.

En su diagnóstico, Peña Nieto señala que actualmente hay mil 800 fuerzas policiales municipales que representan solamente 32 por ciento del total del estado de fuerza policial en el país. Son en su mayoría corporaciones que carecen de recursos humanos y materiales suficientes, para desarrollar correctamente sus funciones, o incluso para realizar un despliegue territorial eficaz. El 86 por ciento de estas corporaciones municipales cuentan con menos de 100 elementos.

El Presidente de la República asegura que sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, “lo que pone de manifiesto la falta de cobertura de estas fuerzas y su carácter estructural para hacerse cargo de la seguridad en todo el territorio.

Abunda que las 20 corporaciones policiales municipales concentran 25 por ciento del total de policías municipales en el país. En contraste, 10 por ciento de los policías municipales se dispersa entre mil 110 municipios, promediando alrededor de 12 elementos en cada uno.

Detalla que los policías municipales reciben una remuneración tan baja que además de ser injusta, no garantiza una subsistencia digna para sus familias, lo cual dificulta que la función policial sea entendida como una carrera e incentiva la corrupción. Cuarenta por ciento de las policías municipales reciben un sueldo base mensual inferior a 4 mil 600 pesos y menos del cuatro por ciento perciben un sueldo superior a los 12 mil pesos. Por ello, propone modificar el artículo 21 constitucional para homologar los criterios de remuneración mínima, para que todos los policías perciban lo suficiente para garantizarles una vida digna.

En los artículos transitorios se destaca que dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el secretario educativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitirá el modelo con base en el cual los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas deberán, en 90 días, presentar una propuesta de plan estratégico de transición.