La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes, ya que si sus cuerpos de seguridad se extralimitan, su actuación y decisiones pierden fuerza y caen en la ilegalidad.

De ahí, resaltó, la necesidad de que los encargados de la seguridad pública estén capacitados y actúen siempre con la ley en la mano para que no se repitan nunca más actos de anarquía y barbarie como los que se han presentado recientemente.

La violación de las garantías jurídicas y el aplastamiento de los más elementales derechos no son la estrategia ni el camino para combatir la violencia, sostuvo la CNDH.

Añadió que tampoco puede aceptarse que quienes cometen atrocidades queden impunes.

Existe en la sociedad, refirió, un rechazo a la impunidad y a toda expresión de abuso de poder, independientemente de cuál sea su razón u origen. Eso exige una respuesta clara, amplia y satisfactoria del Estado, apuntó.

En un comunicado de prensa, el ombusman nacional destacó que ve con profunda preocupación que la violencia, la ilegalidad y la impunidad ponen en riesgo, como nunca antes, la convivencia pacífica y la estabilidad del país.

Subrayó que, como institución autónoma del Estado mexicano, en la comisión tienen cabida todas las voces y todas las perspectivas que se unen en favor del interés superior que significa la defensa de los derechos humanos y el trabajo por México.

Añadió que es obligación esencial del Estado proporcionar paz y tranquilidad a todos los mexicanos; sin embargo, en años recientes hemos visto en las manifestaciones muchas y variadas expresiones de violencia. Lo peor que puede ocurrirnos es acostumbrarnos a ese clima de inseguridad, pues el resultado nos llevaría a la ruptura del tejido social y a la anulación del estado de derecho.

Aseveró que conocer y documentar, también, los hechos ocurridos el 20 de noviembre es un paso importante para lograr que nunca más el ejercicio de la función pública vaya por un camino distinto al de la ética. No hay razón alguna, ni siquiera de Estado, que pueda estar por encima de la legalidad.

Informó que sigue abierto el expediente de queja por los hechos ocurridos el 20 de noviembre en el Zócalo.

Se realiza la valoración de los informes de los visitadores, así como los de los peritos médicos que se entrevistaron con las personas que fueron remitidas a cárceles federales y sus correspondientes declaraciones.