La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno mexicano que implemente medidas de protección para preservar la vida de Sofía Mendoza Martínez, viuda del luchador social Arturo Hernández Cardona, secuestrado y asesinado en mayo de 2013, y de Nicolás Mendoza Villa, chofer de la víctima y único testigo ocular del crimen atribuido al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.

Abarca se encuentra actualmente en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, estado de México, y su expediente está radicado en un juzgado de causas penales federales en Matamoros, Tamaulipas.

La CIDH consideró que Sofía Mendoza y sus hijos pequeños, así como Nicolás Mendoza, quien aseguró ante el Ministerio Público de Guerrero que él presenció cuando Abarca personalmente disparó y dio el tiro de gracia contra Hernández Cardona, su opositor político, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, y su seguridad está en riesgo.

El organismo, que actualmente preside el mexicano Emilio Álvarez Icaza, recibió la solicitud de amparo desde junio de 2013, a un mes del asesinato de Hernández Cardona y sus compañeros Félix Rafael Bandera y Ángel Román, integrantes de la organización Unidad Popular.

Después de los hechos de Iguala del 26 de septiembre pasado, cuando policías, presuntamente por órdenes del propio Abarca, atacaron a balazos a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el hostigamiento y seguimiento de desconocidos contra las familias Mendoza Martínez y Mendoza Villa se intensificaron.

En el caso de Nicolás Mendoza, que fue secuestrado junto con su patrón y denunció los hechos, éste y su familia han tenido que mudarse de domicilio en ocho ocasiones, debido a los seguimientos e incluso incursión de desconocidos en su casa.

Las condiciones de amenaza, sostiene la CIDH, registraron un evidente incremento de riesgo después de la detención de Abarca, el 4 de noviembre pasado.

El gobierno mexicano está ahora obligado a implementar medidas cautelares (protección y tutela) de las dos familias, e informar dentro de 15 días a la CIDH, en Washington, sobre el caso.