a estabilidad y la paz social del país pasan por una circunstancia de precariedad sin precedente en décadas. Se multiplican los descontentos, las reivindicaciones y las movilizaciones de una sociedad golpeada y agredida en forma sostenida y en muchas formas –agresiones a comunidades, políticas antilaborales, brutalidad policial, abandono de la seguridad, educación, salud, la corrupción persistente, entre otras– y la institucionalidad enfrenta una creciente y generalizada disfuncionalidad. En este contexto, los conflictos adquieren aguda explosividad y, en el espíritu de evitar una dislocación nacional mayúscula, es necesario que todos los actores y fuerzas sociales actúen con cautela, responsabilidad, contención y mesura.

Incidentes que en otras condiciones tendrían relevancia menor pueden adquirir dimensiones de conflicto grave. Un ejemplo de ello es el episodio del sábado pasado en la sede de Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM, cuando elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) incursionaron frente al auditorio Che Guevara para realizar diligencias relacionadas, según la versión de la dependencia, con la denuncia de un celular robado. Lo que habría podido culminar como intercambio de hostilidades verbales entre agentes de la procuraduría capitalina y jóvenes en asamblea degeneró, en cambio, en confrontaciones que dejaron un estudiante herido de bala, un policía severamente golpeado (el propio agresor) y, posteriormente, en la destrucción del vehículo de los funcionarios judiciales, choques entre estudiantes y granaderos, severos cuestionamientos a la autoridad del Distrito Federal y a la rectoría de la máxima casa de estudios, un clima de zozobra, una grave afectación vial en el sur de la ciudad y un mando de la procuraduría capitalina separado del cargo.

Tras la confrontación inicial, la PGJDF emitió un comunicado inverosímil en el que, además de afirmar que la averiguación que realizaban sus elementos en Ciudad Universitaria estaba relacionada con una denuncia por robo de celular, señalaba que el agente agresor realizó disparos al aire al sentirse cercado por los jóvenes, sin preocuparse por explicar cómo tales disparos pudieron herir a un muchacho en el muslo (herida que, afortunadamente fue tangencial) o alcanzar a una perra. Asimismo, la dependencia aseguró que sus elementos iban acompañados de un abogado de la UNAM. Rectoría, por su parte, ratificó casi punto por punto la versión de la procuraduría capitalina y llamó al esclarecimiento de los hechos.

Ayer, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, ofreció, en nombre de la autoridad capitalina, su más sentida disculpa a la comunidad universitaria, a sus autoridades y a la opinión pública por la intromisión policial, y anunció el inicio de una acción penal contra el policía agresor y la separación del cargo del director de la zona sur de la PGJDF, Luis Martín Rodríguez, para deslindar su eventual responsabilidad en los hechos. A su vez, el rector José Narro aceptó la disculpa, pidió que hechos como el del sábado no se repitan e informó que la UNAM demandará al policía que disparó su arma dentro del campus.

Las rectificaciones de cualquier autoridad son saludables y apreciables, pero las referidas tienen un defecto inocultable: ni el gobierno capitalino ni la rectoría de la UNAM explican qué ocurrió ni por qué, tampoco aclaran su súbito cambio de postura. Con ello, lejos de contribuir a apaciguar los ánimos, introducen factores adicionales de incertidumbre y sospecha y abonan, por tanto, a la crispación creciente.

Tampoco resulta positivo ni edificante el mensaje nacional emitido ese mismo sábado por el presidente Enrique Peña Nieto tras su regreso al país, en el cual evocó la posibilidad de recurrir a la represión para contener protestas que no siempre se realizan en forma pacífica.

Cabe señalar, en este punto, que la exasperación social imperante tendría que desactivarse con acciones claras y eficientes para dar con el paradero de los 43 normalistas que fueron capturados y desaparecidos por policías municipales de Iguala el 26 de septiembre pasado, así como por actos de gobierno orientados a resolver las causas del descontento.

Las amenazas de recurrir a la violencia de los cuerpos del orden no sólo no contribuye a calmar los ánimos sino que se convierten en un agravio adicional para una sociedad harta de la ineficiencia, la simulación, la omisión y el encubrimiento que han caracterizado a las reacciones oficiales desde esa fecha dolorosa. Por añadidura, la advertencia de Peña, lejos de comunicar firmeza y solidez institucional, constituyen una señal de insoslayable debilidad política, es decir, dejan ver el agotamiento de los medios ordinarios de gobierno.

En suma, cabe esperar que autoridades, sectores, movimientos y sociedad en general moderen las animadversiones, se empeñen en conducirlas por vías pacíficas y legales, además de abstenerse de acciones y alocuciones que pudieran conducir a un incendio generalizado del país.