Buenos Aires

Las comisiones de Presupuesto y de Derechos Humanos de Diputados presentaron un dictamen del proyecto de ley para crear una comisión destinada a investigar la complicidad de grupos económicos con la pasada dictadura militar en Argentina (1976-1983).

Esta iniciativa que ya tiene dictamen de otras comisiones de la Cámara de Diputados pasará a debate parlamentario, en momentos en que en el marco de los juicios que se realizan en todo el país contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura continúan surgiendo pruebas, ya sea en testimonios o en algunos archivos que se han encontrado últimamente como el del Ministerio de Defensa, de la complicidad de grupos económicos, entre ellos grandes dueños de medios de comunicación y otros.

Hubo acuerdo en las comisiones entre el oficialismo y fuerzas opositoras, como la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, entre otros.

La propuesta fue elaborada por el diputado oficialista Héctor Recalde y con este proyecto de ley se propone investigar e identificar a las empresas que no sólo colaboraron, sino que se beneficiaron en tiempos del terrorismo de Estado aplicado por el régimen militar y las consecuencias de la política económica de la dictadura, como sucede con el fuerte incremento de la deuda externa o la estatización de la deuda interna privada .

De la misma manera se investigarán las políticas, industriales, comerciales, financieras y monetaria. Si se aprueba la ley esto marcará un hito en la región, donde se conocerán no sólo a los responsables militares, sino civiles, que participaron y dejaron graves secuelas, que hasta hoy afectan a las naciones que vivieron dictaduras.

Las contribuciones, los aportes -en recientes informes sobre archivos desclasificados en España, se pudo advertir el apoyo de empresas y el propio Estado españoles a la junta militar argentina- así como cualquier tipo de apoyo y los beneficios que esto significó para los responsables, serán objetivo de la investigación.

El diputado Recalde recordó que presentó el proyecto en “búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura. Nada tiene que ver esto con los ‘linchamientos’ sino que es una investigación para saber quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”.

Consideró también que se trata de un derecho contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia.

En la provincia de Santa Fe, el juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al coronel Jorge Roberto Diab subjefe del Destacamento de Inteligencia 122, y a diez policías en la causa que investiga el asesinato de once integrantes del movimiento guerrillero de los años 70 Montoneros ocurrido entre 1976 y abril de 1977.

Hay otros cuatro coroneles como Carlos Enrique Pavón y Roque Angel Martello, imputados también en la causa y detenidos, mientras la justicia busca a un prófugo.

Se les investiga además por su participación en operativos que eran presentados a la prensa como “enfrentamientos “, pero que las investigaciones judiciales se comprobó eran ejecuciones sumarias.

En la época en que tuvieron lugar los hechos que se investigan, el régimen militar ejerció un dominio absoluto sobre la prensa, todo lo cual formó parte de las prácticas de ocultamiento del terrorismo de estado y la modalidad asumida de generar enfrentamientos inexistentes, sostiene el juez en la resolución.