Madrid.

La Interpol cursó una comunicación urgente al gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, para que detenga y se inicien los trámites de extradición de 20 personas vinculadas a delitos perpetrados durante el régimen fascista de Francisco Franco (1936-1975), que incluyen torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y secuestro de bebés.

Entre las personas cuya detención fue solicitada figura el empresario y político Rodolfo Martín Villa, quien detentó hasta hace unos años cargos ejecutivos en el Grupo Prisa (que edita del diario El País).

El gobierno español encabezado por el conservador Mariano Rajoy advirtió que no detendrá ni extraditará a las personas solicitadas por la juez argentina, María Servini de Cubría, la única magistrada que tiene abierta una causa sobre los crímenes de la dictadura franquista.

Hace 15 años, cuando España era un referente en la lucha de crímenes de lesa humanidad en virtud de la aplicación de los principios de la justicia universal, los tribunales españoles abrieron diversas causas contra las dictaduras de Chile y Argentina, que se saldaron con varias detenciones, entre ellas la del ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La juez argentina María Servini instruye la causa contra crímenes del franquismo, a petición de las propias víctimas de la represión y sus familiares luego que los tribunales españoles rechazaron sus peticiones de justicia, emitió la orden de detención con fines de extradición de los franquistas.

La Interpol entregó la comunicación muy urgente al Estado español, en la que incluyó a los ex ministros del franquismo, José Utrera Molina –suegro del ex ministro de Justicia hasta hace dos meses, Alberto Ruiz-Gallardón–, Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), Antonio Carro Martínez (ministro de 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

La petición solicita que la Audiencia Nacional ordene la detención, o las medidas cautelares pertinentes en caso de libertad, como la retirada del pasaporte, las visitas a periódicos, a un juzgado o la fijación de una fianza.

Entre los delitos que se imputan hay algunos especialmente graves, como la firma de la sentencia de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado por el método de garrote vil en 1974. Además de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos por armas de fuego. También se investigan los últimos fusilamientos del franquismo: José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría, el 27 de septiembre de 1975.

A pesar de que es su obligación, el gobierno español se negó a acatar la orden y advirtió, por medio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de voceros de la Policía Nacional que no se identificaron, que no cumplirán la petición de la Interpol. El ministro advirtió que se va a denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una ley de amnistía de 1977.

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pidió al gobierno que no obstaculice la justicia y que permita la labor de Argentina, ya que España no ha hecho nada por la gente que murió en la represión franquista.

Desde las asociaciones de víctimas se pronunció el abogado de la causa, Carlos Slepoy, quien señaló: nos parece vergonzoso que de forma tan descarada se proteja a estos criminales; es un atropello gravísimo a la justicia universal y a la ley.