Las negativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y de energía fueron criticadas por la mayoría de los partidos políticos que integran la Cámara de Diputados. Se argumentó que los ministros anularon el valor democrático de la consulta y propiciaron el deterioro de una modificación constitucional tendiente a impulsar la participación ciudadana.

Loreta Ortiz (PT) consideró que la Corte incurrió en una interpretación restrictiva y ésta deslegitima al Estado y al orden jurídico y hace de la Constitución un simple instrumento al servicio del poder.

Con dureza, Ricardo Mejía Berdeja expuso que la decisión de la Corte de negar las consultas populares, en especial la energética, se inscribe en el contexto de exclusión, negocios al amparo del poder y sumisión de los tribunales a los grandes intereses económicos corruptos. En una democracia genuina no hay instituciones intocadas, todas tienen que someterse al escrutinio ciudadano y a un régimen de rendición de cuentas.

Para el panista Fernando Rodríguez, la Suprema Corte de Justicia, cuando hizo las interpretaciones sobre el control de constitucionalidad de las consultas populares no interpretó según el principio pro persona, al menos hablamos en el caso de la consulta popular que más de 2 millones de ciudadanos propusieron para aumentar el salario mínimo. Consideramos que la Corte se extralimitó... no tiene facultades para decir que una consulta popular sobre salario mínimo tiene efectos negativos en la inflación.

Desde una posición muy distinta –pues la SCJN no se ha pronunciado por la propuesta de consulta popular del PRI, referente a reducir el número de diputados plurinominales–, la legisladora por ese partido Martha Gutiérrez repitió lo que sus correligionarios han hecho durante las últimas semanas:

Quiero expresar nuestro absoluto respeto a las resoluciones de la Corte. Debemos reconocer que más allá de la formalidad de sus integrantes, éstos han cumplido cabalmente con las cada vez más exigentes tareas que les impone la propia evolución de nuestro sistemas democrático y jurídico.