Diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron que el Estado mexicano sigue siendo omiso al no reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entidad que podría recibir peticiones individuales en casos donde se considere que el gobierno nacional ha vulnerado los derechos humanos de las víctimas.

En una carta dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, los colectivos firmantes –entre ellos el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Centro de Análisis e Investigación Fundar– lamentaron que las autoridades mexicanas sigan sin admitir las facultades de dicho comité, pese a que han manifestado su supuesta intención de hacerlo.

Las organizaciones recordaron que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU le recomendó al Estado mexicano –luego de hacer una visita reciente al país– que acepte la competencia del comité relacionada con el tema de las denuncias de particulares.

En respuesta a ello, en el informe que presentó el comité, las autoridades nacionales mencionaron la convicción del gobierno de la República de cumplir con esa recomendación, pero omitió cualquier referencia a las acciones encaminadas para ello.

De igual forma, en su reciente comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con motivo del Examen Periódico Universal, el gobierno del país dijo que se encontraba evaluando la posibilidad de admitir la competencia para casos individuales, pero nuevamente sin explicar si ya había tomado alguna acción en ese sentido.

“Lo anterior –recalcaron las organizaciones firmantes– demuestra una contradicción entre el discurso y los hechos”, pues no se entiende de qué manera entiende sus obligaciones internacionales el Estado mexicano, si expresa su voluntad de hacerlo y al mismo tiempo se abstiene de aceptar la competencia del comité.

A la fecha se desconocen acciones concretas encaminadas a lograr el reconocimiento de la competencia del comité, lo cual contradice el discurso público sobre el respeto a los derechos humanos que realiza el gobierno federal y vulnera la obligación de cumplir de buena fe los tratados internacionales, subrayaron.

Por todo lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil le solicitaron al canciller mexicano que les informe de las acciones concretas tomadas a efecto de aceptar la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones individuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.