Las niñas, niños y jóvenes del país representan una fuente de ingresos millonarios para las bandas del crimen organizado, quienes ven en ellos un grupo totalmente vulnerable para el reclutamiento forzoso, el trabajo esclavo y la trata con fines de explotación sexual, como parte de un fenómeno poco estudiado en el cual las autoridades no ayudan a las víctimas, sino que las criminalizan.

Esto advirtió Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien señaló que los menores de edad también son vistos por las autoridades como blanco para obtener dinero de forma ilegal, sobre todo mediante extorsiones para no enviarlos al reclusorio.

“El crimen organizado encuentra en los niños y jóvenes una importante fuente de ingresos por esclavitud sexual, tráfico de órganos y trabajo forzado en el procesamiento de drogas, como en el ‘triángulo dorado’ en la sierra de Durango, donde se sabe que se llevan a adolescentes campesinos para levantar la cosecha, y su pago es no matarlos”, detalló el especialista en un encuentro con diversos medios de comunicación.

Aunque no hay datos oficiales sobre la cantidad de menores que son víctimas de explotación por grupos del narcotráfico, existen cálculos conservadores, basados en estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de académicos especializados en seguridad, como Edgardo Buscaglia, que indican que esa cifra podría ser de alrededor de 30 mil.

Entre las formas más utilizadas por el narco para cooptar a los jóvenes u obligarlos a pertenecer a sus filas, agregó Pérez, es darles dinero y teléfonos celulares con acceso ilimitado a Internet, a cambio de que informen sobre cualquier movimiento en las zonas de influencia del crimen organizado.

Otro nivel de implicación es cuando las familias de los niños y jóvenes ya están involucrados tradicionalmente en la delincuencia y los menores se ven obligados a llevar este mismo tipo de vida. Muchos otros se ven presionados para ser parte de estos grupos, sobre todo en secundarias y bachilleratos, y si denuncian, los matan, expresó.

Pero no sólo los criminales lucran con los jóvenes, sino también las propias autoridades gubernamentales, cuyos agentes suelen detener a jóvenes de escasos recursos, con cierto tipo de vestimenta, para sembrarles droga o simplemente acusarlos de cualquier delito y luego exigirles dinero para no llevarlos a la cárcel.

“Muchos policías ven en ellos una posibilidad de hacerse de dinero. En las agencias del Ministerio Público hay un gran negocio de pago de fianzas para no mandar a los jóvenes al reclusorio, sobre todo a los que reivindican cierta identidad, como los llamados reguetoneros”, dijo.

Hay datos estadísticos que comprueban que los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas de la violencia, entre ellos que la mitad de los casos de feminicidio en todo el país son de adolescentes de 15 y 17 años de edad, o que 65 por ciento de los hombres presos en cárceles del Distrito Federal son menores de 25 años.

En México tenemos entre 13 y 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando un nivel normal sería de sólo 10 por cada 100 mil, pero ese número puede subir hasta 40 por cada 100 mil en estados como Chihuahua y Guerrero, hablando sólo de asesinatos de adolescentes. Esta epidemia no se va a solucionar de un día para otro, pero lo primero es abatir la impunidad, señaló.