El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este domingo que los delitos que se imputan a siete militares vinculados al caso del homicidio de 22 presuntos secuestradores en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, estado de México, en junio pasado, son: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, y a tres de ellos, homicidio calificado.

En una tarjeta informativa en la que también se dio a conocer que los siete militares quedaron a disposición del juzgado cuarto de distrito con sede en Toluca, la judicatura añadió que al teniente del Ejército mexicano, Ezequiel Rodríguez Martínez se le imputó específicamente el delito de encubrimiento, en la hipótesis de no impedir la consumación de un delito.

El CJF precisó que el juzgado cuarto recibió la noche del pasado 31 de octubre el cumplimiento de la orden de aprehensión librada contra siete miembros del Ejército relacionados con ese caso.

A los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leonides se les imputó su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, indicó el CJF.

Añadió que a Quintero, Acevedo y Hernández se les atribuyó también su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en agravio de ocho presuntos secuestradores, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

Los siete militares inculpados quedaron a disposición del juzgado cuarto de distrito en reclusión en la prisión militar adscrita a la primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A en la ciudad de México.

Además de los delitos mencionados, los siete militares enfrentan proceso penal por diversas conductas delictivas previstas en el Código de Justicia Militar, por lo que las penas a que pueden hacerse acreedores podrían superar 30 años de prisión.

Sin embargo, el hecho de que la PGR haya ejercitado acción penal contra tres militares por el supuesto homicidio doloso de ocho de los presuntos secuestradores se contrapone con la información que dio a conocer el mes pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El pasado 21 de octubre, al ofrecer una conferencia de prensa, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, informó que de 22 personas muertas, 15 civiles, incluyendo dos adolescentes, fueron ejecutados después de haberse rendido ante soldados.

Doce personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por militares sin estar heridas, incluidos dos adolescentes, y respecto de otras tres no se pudo determinar la condición en que fueron privadas de la vida en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, lo que hace presumir también que fueron privadas arbitrariamente de la vida, explicó el ombudsman.

Añadió que después de un presunto enfrentamiento de aproximadamente 10 minutos entre civiles armados y ocho militares, en que uno resultó herido, los civiles se rindieron y los soldados ingresaron a la bodega, donde asesinaron a quienes seguían con vida.