Durante los cinco años en que Raúl Plascencia Villanueva se ha desempeñado como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dicho organismo ha tenido una actuación ‘‘omisa, ineficiente y gris’’, y no por falta de recursos o pericia, sino porque su titular ‘‘se ha distanciado de los intereses de las víctimas para seguir una agenda personal’’.

Así lo afirmaron activistas de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes hicieron un balance de los temas sobre los que Plascencia no se ha pronunciado o lo ha hecho de forma ‘‘tibia’’, incluso litigando en contra de las víctimas que debería proteger.

Abogado y académico originario de Tijuana, Plascencia llegó a la presidencia de la CNDH el 16 de noviembre de 2009 en sustitución de José Luis Soberanes, en un proceso legislativo que en su momento causó sorpresa, ya que se impuso en una segunda ronda de votación a candidatos que parecían tener mayor respaldo, como Luis Raúl González Pérez y Emilio Álvarez Icaza.

Numeralia

Plascencia ha emitido un total de 413 recomendaciones, equivalentes apenas a 0.19 por ciento de las 215 mil 545 quejas que ha recibido en total en estos cinco años, según cifras dadas por el mismo funcionario.

Según Plascencia, 98 por ciento de las denuncias recibidas fueron resueltas en menos de un año, pero varias organizaciones civiles documentaron que hay más de un centenar de casos que tardaron un promedio de 18 meses en resolverse, e incluso hubo un tema que a la CNDH le tomó 47 meses esclarecer: el homicidio de la activista Josefina Reyes y otros cinco integrantes de su familia.

Por tal razón, indicaron agrupaciones de la sociedad civil, fue ‘‘sorprendente’’ que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera en tan sólo cuatro semanas la recomendación 51/2014, relacionada con la ejecución extrajudicial de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, estado de México, en momentos en que la relección de Plascencia estaba en juego.

La ‘‘lentitud’’ de la CNDH ha sido criticada por organismos independientes, tomando en cuenta que en 2014 tuvo un presupuesto de mil 416 millones 381 mil 46 pesos, que significa un aumento de 55 por ciento en un lapso de cuatro años.

Omisiones en temas sensibles

A unos días de concluir su mandato al frente del organismo, y ante el anuncio de que buscará relegirse por un nuevo periodo de cinco años, integrantes de diversos colectivos señalaron algunas de las ‘‘omisiones’’ en que ha incurrido el ombudsman nacional.

Una de ellas, estimó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es la falta de un posicionamiento claro frente a la militarización de la seguridad pública, que se intensificó con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos.

‘‘Las fuerzas armadas fueron acusadas de 2007 a 2013 de ser una de las principales instituciones torturadoras en México, pero cuando un ciudadano denunciaba un abuso, los casos iban a la justicia militar y la CNDH lo auspició, fortaleciendo así los circuitos de impunidad’’, observó el especialista.

Otro de los temas donde no hubo una actuación ‘‘firme’’ del abogado bajacaliforniano, dijo, es el arraigo, pues la comisión nacional no emitió recomendaciones particulares ni generales sobre esta práctica, la cual se ha aplicado de forma excesiva como método para ‘‘fabricar’’ culpables, en un entorno que favorece la tortura.

Leopoldo Maldonado, coordinador del programa jurídico de la organización Artículo 19, manifestó que la comisión nunca condenó ni promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de diversas leyes que criminalizan el derecho a la protesta y la libre expresión, como las emitidas en Quintana Roo, Puebla, Chiapas y el Distrito Federal.

‘‘En este tema, la CNDH se pintó de cuerpo completo como un organismo que subejerce sus facultades. Plascencia dijo que estas leyes no violan la Constitución, pero quisiéramos ver las razones por las que piensa que no la violan, y no sólo negarlo en abstracto’’, subrayó.

Un punto más donde el organismo ha tenido un desempeño ‘‘cuestionable’’, añadió Maldonado, es el de las agresiones contra periodistas, pues si bien emitió la recomendación general 20/2013, donde hace un ‘‘diagnóstico acertado’’ del fenómeno, el texto es muy vago y no hace énfasis en el tema de la reparación del daño.

Un rubro más en el que Plascencia ha sido ‘‘omiso’’, de acuerdo con Mario Patrón, es el de la tortura. La CNDH denunció que en el sexenio de Felipe Calderón hubo muchas quejas contra el Ejército Mexicano por este delito, pero eso no se vio reflejado en el número de recomendaciones, apuntó.

‘‘El discurso de Plascencia es que han bajado 50 por ciento las denuncias, justo cuando el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan E. Méndez, dijo en su última visita a México que esta práctica es generalizada en el país’’, lamentó.

Los saldos

Uno de los casos que han generado más cuestionamientos hacia el ombudsman es el de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010, que dio lugar a la recomendación 80/2013.

Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que dicho texto ‘‘violó los derechos de las víctimas’’ al no mencionar la presunta responsabilidad del Estado en los hechos, ya sea por acción u omisión; no dio una versión pública de su investigación, ni incluyó el testimonio de los familiares de los fallecidos.

De igual forma, no consignó que el gobierno mexicano cremó los restos de diversas víctimas sin autorización expresa de sus familiares, lo cual despertó suspicacias y quejas. Frente a ello, un grupo de personas afectadas y deudos presentaron dos amparos contra la CNDH. La respuesta del organismo, en vez de admitir posibles fallas o conciliar, fue iniciar un litigio contra sus demandantes.

A esos dos amparos se suma otro promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), debido a sus recomendaciones sobre casos de mujeres a las que se negó en Oaxaca atención médica durante el trabajo de parto, pues dicha organización considera que en estos documentos no se definen medidas específicas de reparación del daño acordes con los estándares internacionales de derechos humanos.

Otro episodio de abusos tuvo lugar dentro de la misma comisión, con el caso de tres ex empleadas del organismo que denunciaron acoso sexual por parte de un ex funcionario, sin que Plascencia se decidiera a actuar en favor de las demandantes, como señaló en su momento el abogado Emiliano Gómez Mont.

Aspecto controversial de la gestión de Plascencia Villanueva han sido los reconocimientos que aceptó en meses recientes, entre ellos la Medalla de Primer Grado del Control del Yuan –que recibió directamente en Taiwán– y el doctorado honoris causa que le otorgó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla justo cuando la CNDH analizaba la agresión sufrida por pobladores de la comunidad poblana de San Bernardino Chalchihuapan, que dejó un niño muerto y varios adultos heridos.

Egolatría

En esa misma entidad, Plascencia dio su nombre al salón de usos múltiples de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a cátedras que imparten la Escuela Libre de Derecho de Puebla y la Universidad Panamericana. También develó un busto con su imagen en Sonora, en el Instituto Superior de Derechos Humanos Raúl Plascencia Villanueva.

‘‘En resumidas cuentas –consideró Mario Patrón–, el factor común en los grandes temas del debate nacional es la ausencia del ombudsman como un actor de peso’’, cuyas omisiones son ‘‘deliberadas’’ con el fin de cuidar su propia agenda política.

En ese mismo sentido, Leopoldo Maldonado concluyó: ‘‘Sus errores no son por falta de pericia, pues tiene el mayor presupuesto para un ombudsman en toda América Latina. El problema es de voluntad política; está privilegiando su propia agenda y los intereses de grupos particulares, más que la defensa de los derechos humanos’’.