La Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Ley de Migración para imponer sanciones de prisión y económicas a quienes obliguen a migrantes a formar parte de la delincuencia organizada o a cometer ilícitos. De igual forma, incrementar los años de prisión y el monto de las multas para quienes exploten sexualmente extranjeros.

Durante la sesión de ayer la presidenta de la Comisión de Asunto Migratorios, Amalia García (PRD), recordó que en el país se han cometido hechos verdaderamente graves por el fenómeno del tráfico de personas y de trata con fines sexuales, los cuales han alcanzado el nivel de tragedia, los que no pueden reducirse a la mera condena pública.

Recordó cómo 72 migrantes centroamericanos fueron secuestrados por la delincuencia organizada mientras viajaban en el tren conocido como La Bestia, asesinados y arrojados a una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas.

Los migrantes viven en una situación de riesgo extremadamente grave y se requiere poner el acento no sólo en medidas preventivas, sino también sancionar, dijo.

La modificación aprobada por el pleno, y que fue turnada al Senado como minuta, considera imponer prisión de ocho a 16 años y multa entre 5 mil y 15 mil días de salario mínimo a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada; también imponen de 12 a 24 años de prisión y multa de 7 mil 50 a 22 mil 500 días de salario cuando se cometa explotación sexual de uno o varios extranjeros.

Durante la discusión de la reforma el panista Isaías Cortés refirió que por México cada año cruzan aproximadamente 400 mil migrantes, de los cuales prácticamente la mitad son explotados por la delincuencia organizada, y ese número va en aumento, por lo cual se necesita reforzar su protección ante el alto grado de vulnerabilidad que sufren.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, consideró que se requiere un mayor rigor jurídico, al considerar que la enmienda legal no resolverá de fondo ni pondrá freno al secuestro o explotación de indocumentados.

Necesitamos un tratamiento integral, no sólo para este tipo de delitos. Los migrantes que transitan por nuestro país hacia Estados Unidos son sometidos no sólo a explotación sexual sino a una verdadera esclavitud, sostuvo.

La reforma también incluyó la obligación para que la Secretaría de Educación Pública diseñe y aplique un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) explicó que este cambio se ajusta a los instrumentos internacionales suscritos por México, y que obligará al Estado mexicano a otorgar educación a los hijos de jornaleros agrícolas, que por su condición no son aceptados en las escuelas, sobre todo cuando el ciclo escolar ya está avanzado.