La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ofreció a la Cámara de Diputados revisar si el asesinato y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, puede considerarse una agresión a la comunidad estudiantil y, en ese caso, como señalaron legisladores federales, encuadrarse en un delito de odio con el propósito de afectar a un grupo poblacional determinado.

No lo había considerado, pero voy a revisar el tema de la comunidad de Ayotzinapa, y responderé sobre ese punto, señaló el presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón.

En una reunión de trabajo con la comisión especial legislativa que investiga la agresión armada contra los estudiantes, informó que Guerrero registra el primer lugar nacional de desaparición de personas, y aun así el gobierno de la entidad no tiene actualizado su registro de ciudadanos que se encuentran en esa situación.

Debido a que la información que el funcionario presentó a los diputados fue de carácter general, éstos le solicitaron un nuevo encuentro para el jueves.

El presidente de la comisión especial, Guillermo Anaya (PAN), anunció que los legisladores se entrevistarán la tarde de hoy con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el procurador general, Jesús Murillo Karam.

Además, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, canceló ayer la reunión que tenía con la comisión especial, con el argumento de que ya fue citado a comparecer ante comisiones.

Mientras, Jaime Rochín afirmó en su reporte que, según la información conocida hasta ahora, agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado a los estudiantes de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) le preguntó si de esta expresión puede concluirse que los policías actuaron en colusión con el crimen organizado o si los agentes municipales eran miembros del crimen organizado. En cualquier caso, anotó, los estudiantes y sus familias deberían de contar con protección especial.

Rochín del Rincón indicó que aun cuando la CEAV ha podido revisar la averiguación previa del caso, no puede revelar información de la indagatoria en curso. Sin embargo, expuso que ya se ha solicitado la protección específica para los familiares de las víctimas.

Sostuvo que la agresión a los normalistas se volvió de mayor gravedad cuando se encontraron las fosas clandestinas en Iguala, y planteó que a partir de este hecho debemos aprender la lección como Estado mexicano y asumir la responsabilidad de que hechos como estos no vuelvan a suceder.