Pide que en el caso Ayotzinapa ‘‘no nos den atole con el dedo’’
Lunes 13 de octubre de 2014, p. 5
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo ayer a este diario: ‘‘El Estado mexicano debe romper ya con su pacto de impunidad política y tiene que mostrar al pueblo que realmente en este país hay justicia y que en México se persigue a los criminales’’.
Al referirse al caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el religioso subrayó: ‘‘Que no nos vuelvan a dar atole con el dedo. ¿Cómo es posible que a 43 muchachos no los encuentren?, ¿cómo es posible que aún estén haciendo malabares si todos conocen en el municipio las artimañas del presidente municipal (con licencia y prófugo), José Luis Abarca? Los que dispararon saben dónde están esos muchachos’’.
Es muy importante, subrayó Vera López, ‘‘que nos demuestren que en este país, a raíz de estos hechos, verdaderamente se va a hacer justicia, porque si no se hace cada día que pase se van a hundir más ante la opinión pública y cada día perderán el respeto de los mexicanos’’.
Abundó: ‘‘Mexicanos y extranjeros demandamos la presentación con vida de los estudiantes, y es muy importante que que nos demuestren que se están separando del crimen organizado. Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural’’.
Antes, en su discurso en el pueblo de San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan, ante las organizaciones del Encuentro Internacional de Resistencias Populares de América Latina y el Caribe, el obispo Vera dijo que ‘‘para poder vencer al hampa, que parece invencible, se requiere poner a trabajar las cuatro ruedas del coche: primero, quitarles el poder a los narcotraficantes y sus cárteles; segundo, confiscarles el dinero; tercero, capturar a los capos, y cuarto, remover a todos los políticos y funcionarios que los están sustentando para juzgarlos y encarcelarlos’’.
Todos los partidos políticos ‘‘pactaron impunidad’’, en Iguala, están cubriéndole la espalda al alcalde prófugo, sostuvo e insistió: ‘‘En el estado de Guerrero no se investigaron los asesinatos y secuestros de dirigentes, realizados por el edil Abarca. La Procuraduría General de la República atrae el caso y de nueva cuenta se da la complicidad con el presidente municipal y se justifica que, como tiene fuero, sólo se responsabiliza al secretario de seguridad pública municipal’’.